Estados Unidos puso en marcha el miércoles un nuevo reglamento que denegará el asilo a la mayoría de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera con México, una parte clave del plan del presidente Joe Biden de cara al término esta semana de las restricciones fronterizas por el COVID-19, conocidas como Título 42.
La versión final de la regulación, que entrará en vigencia el jueves, no tiene cambios importantes con respecto al borrador publicado en febrero, dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno de Biden el martes por la noche.
El reglamento creará la presunción de que los inmigrantes que lleguen a la frontera no tienen derecho al asilo si han pasado por otros países sin buscar protección antes o si no han utilizado las vías legales de entrada a Estados Unidos.
Las nuevas restricciones se aplicarán a la gran mayoría de los migrantes no mexicanos, ya que suelen pasar por varios países de camino a Estados Unidos.
El Gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces fronterizos no autorizados, que ya se encuentran en niveles récord, cuando se levanten el jueves las restricciones por el COVID-19, aplicadas inicialmente en marzo de 2020. Una gran cantidad de migrantes se ha acumulado en México esta semana, mientras miles de personas que cruzan a Estados Unidos han sobrecargado las ciudades fronterizas.
Las restricciones del Título 42 permiten a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a México a muchos migrantes no mexicanos sin posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Los mexicanos, que representan el mayor número de capturados al cruzar, pueden ser devueltos rápidamente a México en virtud de acuerdos bilaterales anteriores a las restricciones por el COVID-19.
La nueva normativa de Biden que restringe el acceso al asilo en la frontera se asemeja a medidas similares aplicadas bajo el mandato de Donald Trump que fueron bloqueadas por los tribunales estadounidenses. La medida también contrarresta declaraciones que Biden hizo en 2020 en la campaña electoral, diciendo que pensaba que era «incorrecto» que las personas no pudieran solicitar asilo en suelo estadounidense.
Algunos demócratas y defensores de la inmigración han dicho que la regulación socava la capacidad de solicitar asilo en las fronteras de Estados Unidos, como lo exigen la ley estadounidense y los acuerdos internacionales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ya ha señalado que presentará una demanda contra la política de Biden.
En el otro lado del espectro ideológico, una coalición de 22 fiscales generales estatales republicanos se opuso por separado a la medida, afirmando que está «plagada de excepciones».
Además de la prohibición a los solicitantes de asilo, que podría aumentar las deportaciones, los funcionarios del Gobierno de Biden dijeron a finales de abril que están ampliando las vías legales para los inmigrantes en el extranjero con el fin de ofrecer formas alternativas de entrar en Estados Unidos y desalentar los cruces ilegales.
En la llamada con periodistas del martes, los funcionarios de Biden dijeron que el Gobierno planeaba abrir más de 100 centros de procesamiento de migración en el hemisferio occidental y que lanzaría una nueva plataforma de citas en línea en los próximos días.
Los funcionarios también dijeron que esperaban que México intensifique la aplicación de la ley de inmigración esta semana, incluso en el sur del país.
