QUITO.- Militares y policías cercaron la Asamblea Nacional de Ecuador, luego que el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, decretara la muerte cruzada y disolviera el Parlamento, en medio del juicio político que se llevaba en su contra.
Las fuerzas militares y policiales desalojaron la sede el Legislativo e impidieron el acceso al personal que labora en la institución y a los asambleístas, que tenían previsto continuar este miércoles con la sesión en la que debatían el juicio político al mandatario.
Los militares, además, instalaron vallas en el exterior de la Asamblea. Asimismo, al interior de la sede del Parlamento, en el acceso principal, hay miembros de unidades especiales de la Policía, así como antimotines y de otros servicios.
Entretanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó que la Policía y las Fuerzas Armadas cerraron parte de las avenidas 6 de Diciembre, Gran Colombia, Juan Montalvo, Yaguachi, Piedrahita, que rodean el Congreso.
«La Policía está preparada a nivel nacional monitoreando los eventos, y esperamos que no exista violencia ni ningún llamado a la violencia de ningún líder de ninguna organización», expresó.
Desde el Municipio de Quito informaron que activaron los protocolos necesarios «para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad», principalmente en los sectores aledaños a la Asamblea Nacional, al parque El Arbolito y en el Centro Histórico.
Previamente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un mensaje en el que respaldan la muerte cruzada y advierten que actuarán ante actos violentos.
«Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes», dijo Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Señaló que así como la posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente a Lasso tiene base en una disposición de la Constitución, la decisión del mandatario para disolver el Parlamento también está fundamentada en la carta magna.
«Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos», añadió Proaño, al tiempo que señaló que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son «instituciones obedientes y no deliberantes».
En su mensaje, Proaño advirtió que ambos cuerpos de seguridad actuarán «con firmeza» en caso de que se lleven a cabo hechos violentos, «para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos».
«Hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos, para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz», enfatizó.
Señaló que así como la posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente a Lasso tiene base en una disposición de la Constitución, la decisión del mandatario para disolver el Parlamento también está fundamentada en la carta magna.
«Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos», añadió Proaño, al tiempo que señaló que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son «instituciones obedientes y no deliberantes».
En su mensaje, Proaño advirtió que ambos cuerpos de seguridad actuarán «con firmeza» en caso de que se lleven a cabo hechos violentos, «para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos».
«Hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos, para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz», enfatizó.
En declaraciones a la prensa, Marcela Olguín, exvicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de la bancada de Unes, comentó que la muerte cruzada se hizo para «impedir la votación del juicio político»; pero pese a ello, considera que el decreto de Lasso evidencia el «triunfo de la Revolución Ciudadana».
Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, manifestó que se trató de un «autogolpe».
«Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y FF.AA., sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura», comentó.
La Conaie, que protagonizó fuertes protestas contra la administración de Lasso en junio del año pasado, anunció que convocarán «un consejo ampliado extraordinario» para analizar la situación generada tras la disolución del Parlamento y así tomar decisiones colectivas.
«Llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional», expresó la Conaie.
El Partido Social Cristiano (PSC), con el que Lasso llegó a la Presidencia en 2021, pero luego se distanciaron, anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del decreto del mandatario, a fin de que sea suspendido.
«El presidente de la República solo puede utilizar la muerte cruzada cuando existen realmente una o más de las causales establecidas en el artículo 148 de la Constitución», dice el comunicado del partido, publicado por su líder, Jaime Nebot.
Ese artículo señala que el mandatario puede usar el mecanismo en contra de la Asamblea Nacional por tres razones: cuando esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna.
Al respecto, señala el texto del PSC, Lasso «argumenta, falsamente, grave crisis política y conmoción interna […] pero es público y notorio que tal evento no existe en estos momentos».
Para este partido «en lo político y en la práctica, el presidente se ha declarado dictador, aunque sea por un corto tiempo».
