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FUENTE: AGENCIA EFE

Santo Domingo, 26 nov (EFE).- El Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), reunido en República Dominicana, exhortó este viernes a Estados Unidos a incluir a Haití en el plan «Alianza para Centroamérica» que busca detener la «grave crisis» socioeconómica y política de ese país.

Los diez parlamentos miembros del Foprel emitieron una resolución en la que solicitan de Estados Unidos su colaboración para enfrentar la inseguridad y la crisis que vive Haití en sectores como la educación y la salud.

El organismo regional refirió que República Dominicana lleva «décadas» atendiendo los problemas inherentes de Haití, acción que calificó de «loable» y de gran «valor humano».

El Foprel dijo ponerse a disposición de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para servir de «puente conductor» de su proyecto de asistencia para el «desarrollo económico de nuestros países».

Por su parte, el presidente dominicano, Luis Abinader —quien intervino al final de la reunión— afirmó que la política migratoria que implementa su país es la «adecuada»; y subrayó que se ejecuta «en favor de nuestra soberanía, la protección de nuestros nacionales y de nuestra economía».

Abinader dijo agradecer «enormemente» a Foprel cuando reconoce el gran trabajo de décadas de su país en favor de Haití.

«Tenemos la imposibilidad de seguir cargando con el peso de otros países sobre sus hombros», remachó el gobernante.

La crisis en Haití se agravó tras el asesinato, el pasado 7 de julio, del presidente Jovenel Moise en su domicilio en Puerto Príncipe.

República Dominicana fortaleció en las últimas semanas su programa de repatriación de haitianos en condición migratoria irregular en el país, el cual es criticado por organismos internacionales como la ONU, pues incluye a embarazadas, lo que prohíbe el propio reglamento de Migración dominicano.

En septiembre pasado, el Gobierno dominicano concedió un plazo de tres meses para que las empresas se adecuen a las leyes laborales y de inmigración, en especial a la norma que establece que el 80 % de la mano de obra debe ser dominicana, una disposición que está en vigor desde 1992, pero que hasta ahora ha sido papel mojado.