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El peor año fue 2019. En esos 12 meses, en México se denunciaron 22.239 desapariciones. Es la cifra más alta en la historia. Y aunque después la tendencia fue a la baja, la tragedia humanitaria no cesa.

La crisis se refleja en el récord de casi 100.000 desaparecidos que reporta el Gobierno y que confirma que el país padece una de las crisis en derechos humanos más graves a escala global.

Según los últimos datos oficiales disponibles, desde 1964 hasta este miércoles se reportó la desaparición de 229.458 personas, de las cuales fueron encontradas 136.276, es decir, el 54 %.

Sin embargo, siguen desaparecidas o no localizadas 93.182 personas. Y las denuncias se incrementan todos los días.

Los adjetivos ya no alcanzan para describir la magnitud del dolor que atraviesan cientos de miles de personas que no saben en dónde están sus familiares. Un día dejaron de verlos, de tener noticias. Y siguen sin saber qué les pasó. La incertidumbre los sume en un limbo que les impide transitar los necesarios duelos. No tienen un cuerpo para enterrar, ni una tumba en donde llorar o llevar flores.
En muchos casos, a sabiendas de que las organizaciones criminales secuestran a hombres y mujeres para forzarlos a trabajar a su servicio, no pierden la esperanza de encontrarlos con vida.

Por eso los familiares no dejan de buscarlos ni de exigir justicia. El gran problema es que la impunidad sigue siendo la norma. Lo reconoció la semana pasada Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al informar ante el Senado que sólo hay 35 sentencias judiciales por casos de desaparición de personas.
El 19 de mayo de 1969, el profesor Epifanio Avilés Rojas fue detenido y llevado en una avioneta desde Guerrero, un estado del sureste, al Campo Militar Número 1 ubicado en la Ciudad de México

Nunca más se supo nada de él. Desde entonces está identificado como la primera víctima de desaparición forzada del país. Por lo menos, la primera registrada.

En los años 70, las desapariciones se acentuaron debido a la llamada ‘guerra sucia’ que el presidente Luis Echeverría lanzó contra militantes y activistas que luchaban, en algunos casos a través de guerrillas, en distintos estados.

La hipocresía fue el eje de esa estrategia, porque Echeverría se granjeó aplausos a nivel internacional por acoger a miles de exiliados argentinos, chilenos y uruguayos que eran perseguidos por las dictaduras de sus países. Pero, al mismo tiempo, cometía violaciones masivas de derechos humanos en México que pasaban desapercibidas casi por completo. Y que incluían las desapariciones.

Ello explica, en parte, que en 1971, su primer año de Gobierno, haya registro de 15 desaparecidos. Sólo tres años más tarde, la cifra se disparó a 283. Fue su propio récord. En total, durante su sexenio se reportaron 482 personas víctimas de desaparición.
En diciembre de 2006, apenas asumir la presidencia, Calderón anunció una guerra contra el narcotráfico de la que nada había dicho hasta entonces, ni siquiera durante la campaña electoral.

La militarización del combate al narcotráfico sólo disparó la violencia y la extendió hacia la población en general, sin que mermara el poder de los cárteles que se dividían o, ante las detenciones de algunos capos, cambiaban de liderazgos. La corrupción de los cuerpos de Seguridad fue la norma. Las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y de otros representantes del Estado se incrementaron. Los muertos comenzaron a amontonarse por miles. Y los desaparecidos, también.
sí, su primer año de Gobierno dejó un saldo de 2.929 denuncias por desaparición de personas. La cifra no dejó de crecer: 3.127 en 2008; 4.691 en 2009; 7.192 en 2010 y 10.640 en 2011. En 2012, último año de su sexenio, hubo una ligera disminución al llegar a los 10.590.

En términos globales, durante el sexenio calderonista se registraron 39.169 personas desaparecidas, de las cuales 16.559 personas siguen sin ser encontradas.

Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) la tragedia alcanzó escalas más altas: 96.834 personas fueron reportadas como desaparecidas. De ellas, todavía falta saber en dónde están 35.706.
El triunfo de López Obrador implicó la puesta en marcha de una nueva estrategia que, si bien no satisface por completo al movimiento de víctimas de la guerra contra el narcotráfico ni a todos los familiares que buscan a sus desaparecidos, sí implica cambios en las políticas para abordar la tragedia humanitaria con base en la promesa de dar respuestas a la sociedad y justicia y reparación para las víctimas.

Lo más importante es el reconocimiento de que el Estado es el responsable.