Por: Raúl A. Veras –

Quedó incuestionablemente demostrado que en el sonado Caso ODEVRECHT, Capítulo dominicano, por lo menos 92 millones de dólares, fueron repartidos a manera de sobornos, entre funcionarios públicos, congresistas, dirigentes políticos dominicanos y abogados corruptos.

Una gigantesca investigación, iniciada en diciembre de 2016, con más de 25 personas investigadas (funcionarios públicos, funcionarios de la propia OBEDRECHT, congresistas, abogados mafiosos, dirigentes políticos, etc.), y miles de documentos aportados tanto por las autoridades norteamericanas, brasileñas y los obtenidos en el país, conformaron el caso de corrupción público más grande en toda nuestra historia

Ya para enero de 2017, la empresa brasileña había admitido el pago de 92 millones dólares en sobornos, y mediante un acuerdo firmado con las autoridades judiciales dominicanas, se comprometieron a pagar como una penalidad, 184 millones de dólares, en pagos parciales en un plazo de 8 años.

En la sociedad dominicana, apareció una débil esperanza de que por fin a la impunidad y a la corrupción les había llegado su hora, y que los ladrones y desfalcadores de los fondos públicos irían a las cárceles y pagarían sus fechorías en perjuicio de toda la sociedad dominicana.

Pasaron casi 5 años de iniciado ese proceso judicial, y nuestra “venerable justicia dominicana”, concluye de una manera descarada y vergonzosa de que solo hay dos culpables: Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa.

Como castigo ejemplar a sus fechorías, les imponen 8 y 5 años de prisión, respectivamente. Y los dos saldrán de inmediato en libertad condicional.

Con un nuevo Ministerio público, que no ha sido capaz de iniciar una seria investigación contra el Presidente de la Republica, Luis Abinader, por su implicación directa y comprobada en el caso de evasión fiscal aparecido en los Papeles de Pandora; y con una reducción importante en el presupuesto de ese Ministerio contemplado en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año, que equivale a un 40.19%, del actual presupuesto; se desvanecen todas y cada una de las nuevas esperanzas de castigo a los ladrones, pillos, desfalcadores y corruptos de toda laya, en perjuicio de los fondos públicos.

¿Hasta cuándo nuestro pueblo seguirá soportando tanta burla?