El 16 de marzo de 2025, 238 venezolanos, presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Según anunció el presidente salvadoreño Nayib Bukele en redes sociales, estos individuos fueron trasladados inmediatamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos.
Esta acción forma parte de un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y Bukele, en el que Estados Unidos pagará a El Salvador una suma estimada de 6 millones de dólares por un año de custodia, con posibilidad de renovación. El traslado se llevó a cabo a pesar de una orden judicial en EE.UU. que buscaba frenar las deportaciones, invocando la Alien Enemies Act de 1798, una ley de tiempos de guerra utilizada para justificar la expulsión sin juicio previo.
Bukele también informó que, junto a los 238 venezolanos, llegaron 23 miembros de la pandilla MS-13, de origen salvadoreño, quienes también fueron enviados a CECOT. El gobierno estadounidense alega que los deportados son criminales peligrosos, aunque no se ha presentado evidencia pública de condenas o procesos judiciales previos. Un video compartido por Bukele muestra a los deportados desembarcando de un avión bajo estrictas medidas de seguridad, escoltados por agentes armados.
Este evento marca una colaboración sin precedentes entre Nayib Bukele y la administración Trump, fortaleciendo los lazos entre ambos líderes, quienes comparten un enfoque de mano dura contra el crimen. Bukele, conocido por su política de tolerancia cero hacia las pandillas, se posiciona como un aliado clave en la región, ofreciendo CECOT como una solución para «externalizar» el problema penitenciario de EE.UU. Por su parte, Trump utiliza esta medida para cumplir promesas de campaña sobre deportaciones masivas, enfocándose en supuestos miembros de Tren de Aragua, una pandilla venezolana señalada como amenaza transnacional.
La deportación, ejecutada pese a una orden judicial en EE.UU., plantea preguntas sobre el respeto al debido proceso. La invocación de la Alien Enemies Act, una ley históricamente controvertida, ha generado críticas por su uso en tiempos de paz y contra ciudadanos de un país no declarado enemigo. Además, las condiciones en CECOT —sin visitas, recreación ni acceso a luz natural— han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos como violatorias de estándares internacionales. Familiares de los deportados han expresado angustia, alegando que muchos no tienen vínculos comprobados con pandillas y fueron identificados únicamente por videos virales.
La llegada de venezolanos a El Salvador, un país sin vínculos directos con Venezuela, podría tensar la dinámica migratoria en Centroamérica. Bukele aprovecha esta situación para reforzar su imagen de líder implacable, mientras que las familias y defensores de los deportados temen por su destino en una prisión conocida por su dureza.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, agradeció a Bukele por su «asistencia y amistad», destacando la cooperación bilateral. Trump también celebró la medida en redes sociales, aplaudiendo la deportación de «criminales». Por otro lado, no ha habido una respuesta oficial del gobierno venezolano, lo que refleja su limitada capacidad para intervenir.
Parientes de los deportados, según reportes, están «angustiados y conmocionados», exigiendo a Bukele su liberación y cuestionando las acusaciones de pertenencia a pandillas. Organizaciones como Cristosal han advertido sobre abusos en CECOT, señalando casos de tortura y muertes en custodia durante la campaña antigangas de Bukele.
En X, las opiniones están polarizadas. Algunos usuarios elogian a Bukele por su firmeza, con comentarios como «El Salvador limpia lo que otros no quieren enfrentar». Otros critican la falta de pruebas y el trato inhumano, diciendo cosas como «Sin juicio, sin derechos, esto es una vergüenza para la justicia». El video de Bukele superó los 21 millones de vistas en menos de 48 horas, amplificando el debate global.
Este episodio refleja una convergencia de políticas autoritarias entre Bukele y Trump, priorizando la seguridad sobre las garantías individuales. Si bien puede ser efectivo para proyectar control y disuadir el crimen, ignora las complejidades de la migración y el riesgo de errores judiciales. La ausencia de transparencia sobre la identidad y antecedentes de los deportados alimenta la incertidumbre, mientras que las condiciones en CECOT aseguran que, culpable o no, el destino de estos 238 venezolanos será severo. La colaboración entre ambos líderes podría sentar un precedente preocupante para la gestión migratoria y penitenciaria en la región, sacrificando derechos en nombre de la eficiencia.
LRS
