La semana ha dejado sobre la mesa una postal inocultable de nuestra fragilidad institucional. Lo que a primera vista se presenta en los despachos como dos sucesos inconexos —el desborde de fanáticos forzando los portones del Estadio Olímpico y el desafío abierto a las autoridades en las calles de Verón tras un accidentado operativo— comparten el mismo código genético. Es el retrato de un aparato estatal atrapado en un laberinto de acción y reacción: empujado a mostrar "mano dura" ante el orgullo herido en la capital, solo para terminar encendiendo la mecha en el corazón laboral del país. En este escenario, no existen las coincidencias, sino las consecuencias.

La esposa de Nicolás Maduro solicita libertad condicional en una corte federal de EE. UU. alegando problemas de salud. Para convencer al juez, propone un lujoso esquema de monitoreo privado diseñado, irónicamente, por un ex alto cargo de la DEA. ¿Le comprará la justicia neoyorquina este súbito achaque?