Policías antimotines y miembros de la Guardia Nacional mexicana desalojaron a cientos de migrantes venezolanos que se encontraban desde finales de octubre en carpas a la orilla del río Bravo, en la frontera con Estados Unidos. Según reportaron las autoridades, se presentaron forcejeos que dejaron algunos heridos. Este operativo se realizó dos semanas después de que un juez federal estadounidense anulara el Título 42, una medida que permitía la expulsión inmediata de migrantes indocumentados.
Unos 500 migrantes venezolanos fueron desalojados de un campamento improvisado que había sido instalado hace más de un mes a las afueras de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua.
La Oficina Local del Consejo Estatal de Población informó que tan solo 70 de los desalojados aceptaron irse a dos albergues, el resto se distribuyeron en hoteles y a la intemperie de Ciudad Juárez.
Según reportó la prensa local, la razón del desalojo fue por el riesgo de incendio que la Protección Civil Estatal de México había advertido previamente.
Por su parte, Héctor Rafael Ortiz, portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, aseguró que procedieron a retirar los migrantes por la alerta de condiciones de salubridad, posibilidad de incendio, e incluso, de ahogamiento en el caudaloso río Bravo.
Debido a la disminución de las temperaturas en la zona, usual en esta época del año, los migrantes realizaban fogatas a la orilla del río para resguardarse del frío, lo cual generaba un riesgo grave, según las autoridades.
Durante el operativo, algunas personas resultaron heridas, luego de presentarse forcejeos entre migrantes y autoridades. Algunas de las carpas construidas con plástico fueron incendiadas en señal de protesta.
“Llegaron con un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, que a la fuerza teníamos que irnos y más adelante partieron las carpas, les partieron las carpas a unos compañeros”, dijo Michael, uno de los migrantes del país sudamericano.
Un representante de la Coordinación del Centro de Atención Integral para Migrantes, aseguró que las autoridades ofrecían albergues seguros y con provisiones para las necesidades básicas de los migrantes, sin embargo, muchos de ellos se resistieron por temor a ser deportados a Venezuela.
Entretanto, integrantes de la Cruz Roja mexicana y bomberos locales rodearon el lugar, mientras pedían a los ocupantes que abandonaran la orilla del río.
«Estábamos en la carpa y un señor llegó a avisarnos de que saliéramos, llegó el camión de la basura y empezó a quitar las carpas. Es algo inhumano que nos quieran sacar, no somos enemigos de Estados Unidos ni de México, estamos aquí por una lucha, no por gusto», dijo Miguel Moya, uno de los afectados.
El campamento fue instalado después de que el Gobierno del presidente Joe Biden anunciara el cierre de la frontera con México para venezolanos, como medida para mitigar la migración irregular y “aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas”.
Ciudad Juárez es uno de los cinco pasos fronterizos entre México y Estados Unidos, el cual recibe a los migrantes venezolanos que fueron expulsados desde el 12 de octubre por las autoridades estadounidenses.
El año fiscal 2022, que comprende los 12 meses anteriores al 30 de septiembre, dejó un récord en el flujo migratorio hacia Estados Unidos, con 2,76 millones de ciudadanos indocumentados que cruzaron la frontera durante este periodo, según reportó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según los mismos datos de la CBP, más de 150.000 venezolanos ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal a través de México durante este último año fiscal, aumentando un 293% el flujo migratorio con respecto a 2021.
La derogación del Título 42, un alivio para los migrantes
El pasado 15 de noviembre, un juez federal de Estados Unidos dictaminó que el Título 42 ha sido utilizado de manera “arbitraria y caprichosa” desde el Gobierno de Donald Trump para bloquear solicitudes de asilo.
Este mecanismo fue utilizado desde los primeros días de la pandemia de coronavirus, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden de salud pública mediante la cual se le permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Esta medida causó gran revuelo entre los migrantes y ha sido extendida en repetidas ocasiones, sin embargo, con la nueva orden del juez federal, se le pide al Gobierno de Joe Biden que anule el Título 42 a partir del 21 de diciembre a media noche.
Desde que fue anunciada la medida, las autoridades estadounidenses tienen cinco semanas para prepararse ante una posible avalancha de migrantes en sus fronteras, la mayoría provenientes de países latinoamericanos.
