Escándalo en el Parque del Este: la vigilancia acostumbrada del G2 antillano choca de frente con las nuevas líneas rojas de Quisqueya y la presión diplomática regional.
Por TeclaLibre
La semántica suele ser el primer refugio de la diplomacia cuando la realidad le explota en la cara. Hablar de «infiltración» de agentes del G2 cubano en las instalaciones de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 suena a guion hollywoodense de la Guerra Fría. Sin embargo, llamar «sorpresa» a la presencia de sabuesos del Minint vigilando a su propia delegación evidencia una ingenuidad francamente enternecedora —o un cálculo político impecable— por parte de las autoridades locales.
Cuba no «infiltra» agentes en las competencias internacionales; Cuba los empaca en la misma maleta institucional junto a los bates de aluminio y los uniformes de licra. La verdadera novedad no estriba en el pastoreo de deportistas para evitar la sangría de fugas —mecanismo tan antiguo como la Revolución misma—, sino en la inusual firmeza con la que los organismos de seguridad dominicanos decidieron trazar la raya roja.
La chispa saltó en las instalaciones del Parque del Este, tras confirmarse las evasiones en goteo de al menos cinco atletas, entre ellos el portero de hockey Moisés David Torres Puig y los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz. Cuando los agentes antillanos —algunos camuflados sin la debida acreditación y utilizando atuendos de otras delegaciones— iniciaron persecuciones internas y amedrentamiento en áreas restringidas para retener a los potenciales «desertores», las alarmas de los estamentos de inteligencia locales se dispararon.
El desenlace fue expedito: interrupción de accesos, verificación de credenciales, expulsión de los escoltas no autorizados del recinto y, como colofón diplomático, una orden discreta pero tajante del Palacio Nacional otorgando siete días a nueve integrantes de la misión diplomática cubana para abandonar el territorio dominicano.
¿Por qué ahora? En el ajedrez geopolítico del Caribe, donde la influencia del Departamento de Estado estadounidense sobre Quisqueya ha mostrado un renovado dinamismo en materia de seguridad regional, el gobierno dominicano se vio «forzado» a marcar un límite de soberanía. Permitir que agentes extranjeros monten un operativo para-policial de cacería o intento de retención forzada en recintos bajo resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas era un lujo reputacional que Santo Domingo no se podía permitir.
Lo que para La Habana es un mero «control de daños» ante el colapso migratorio de sus atletas, en la acera dominicana se interpretó como una injerencia intolerable en suelo patrio. El deporte, una vez más, fungió de espejo deformante de la política: mientras en las pistas se disputaban medallas, en los pasillos traseros se libraba un silente choque entre el control social de un Estado policial y las nuevas líneas rojas impuestas por la diplomacia local.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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