Ante el alarmante récord de 75 muertes en presuntos «intercambios de disparos» en poco más de un mes, este análisis expone la preocupante opacidad de la Procuraduría General de la República y las graves denuncias sobre la «Clave 29», un supuesto código policial para ejecuciones extrajudiciales. Una mirada crítica al colapso del sistema judicial dominicano, evidenciado por más de 53,000 órdenes de arresto pendientes, y el peligroso límite entre la política de mano dura del Estado y la violación al debido proceso.
Por La Redacción de TeclaLibre
El viejo y confiable «intercambio de disparos» ha regresado a la República Dominicana, pero esta vez con esteroides y cifras de zona de guerra. Setenta y cinco muertos en poco más de un mes (55 en septiembre y 20 en los primeros días de octubre) no son un pico estadístico accidental; son el reflejo de una política de seguridad ciudadana que parece haber cambiado las esposas por el plomo.
El ultimátum presidencial y el efecto dominó Cuando el presidente Luis Abinader lanzó su advertencia a los prófugos de que se entregaran porque, de lo contrario, «les irá peor», muchos lo aplaudieron como una muestra de mano dura. Sin embargo, en el argot policial dominicano, ese «les irá peor» se ha traducido en la calle como una luz verde para la cacería. El resultado es evidente: las morgues están llenas de supuestos delincuentes con un patrón de muerte que casi siempre se escuda bajo el conveniente manto del «enfrentamiento con patrullas». El Estado de Derecho ha sido reemplazado por el paredón callejero.
La Procuraduría: Opacidad bajo la alfombra de la «reserva penal» Si la Policía es el brazo ejecutor, el Ministerio Público parece estar jugando al espectador ciego. La respuesta de la PGR, escudándose en la «reserva de las investigaciones penales» para no dar cifras sobre los protocolos aplicados a los caídos, es una bofetada a la transparencia. ¿Desde cuándo el recuento estadístico de ciudadanos abatidos por el Estado compromete una investigación específica? Esta opacidad institucional solo alimenta la sospecha de que la «justicia independiente» mira para otro lado cuando la Policía decide limpiar las calles a su manera.
La denuncia de Balcácer y el fantasma de la «Clave 29» El abogado Carlos Balcácer y su equipo han puesto el dedo en la llaga al exigir una investigación independiente. Pero la verdadera bomba es la acusación directa contra el director de la Policía, a quien señalan de haber institucionalizado la temida «Clave 29» (el código no escrito para ejecutar o «dar pa’ bajo» a un sospechoso). Que 47 muertes recientes se despachen como «actuaciones legales» sin una autopsia balística seria ni fiscales independientes en la escena del crimen, huele a escuadrón de la muerte disfrazado de operativo de la Dicrim.
53,877 órdenes de arresto: Un sistema colapsado El dato más revelador que intenta pasar desapercibido es la monstruosa cifra de 53,877 órdenes de arresto pendientes. Este número desnuda la inoperancia del sistema judicial y policial dominicano. Ante la incapacidad histórica de procesar, apresar y enjuiciar a esta masa de prófugos con el debido proceso, la respuesta institucional parece ser una macabra «reducción de inventario».
En conclusión: El gobierno está jugando con fuego. La línea entre combatir la delincuencia y convertirse en un Estado verdugo es extremadamente fina. Si la PGR no interviene y asume su rol de contrapeso fiscalizador, el mensaje final será claro: en la República Dominicana actual, la presunción de inocencia termina donde empieza el gatillo de un agente.
rodriguezsluism9@gmail.com https://teclalibremultimedios.com/category/portada/
