Por Daniel Pardo, BBC
A cuatro días de que se cumpla un año de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, el hijo del jefe de Estado soltó una bomba: dineros irregulares, dijo, entraron a la campaña.
La Fiscalía General de la Nación informó este jueves que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente y exdiputado en el Atlántico, aseguró haber recibido dinero para la campaña de su padre de personajes señalados por narcotráfico y contrabando.
Y que no solo recibió el dinero en efectivo, sino que lo usó para su propio enriquecimiento y para una campaña que, supuestamente, superó los topes de financiamiento permitidos por la ley electoral.
Petro Burgos, arrestado desde el sábado, decidió colaborar con la Fiscalía —que es dirigida por un opositor al presidente— a cambio de que le otorguen prisión domiciliaria.
Al final de la tarde, Gustavo Petro reaccionó con un discurso desde una asamblea campesina: negó haber dado órdenes de cometer delitos, comparó el caso con los arrestos y torturas que sufrió cuando era guerrillero y lo atribuyó a la «persecución» que el «gobierno del cambio» sufre de poderes tradicionales.
«Este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más; no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo, y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas: ¡nos vamos hasta el año 2026!», exclamó entre aplausos.
Petro llegó al poder con la promesa de un cambio en las viejas usanzas del poder. Fue un hábil y vehemente opositor a ese poder por 30 años. Ahora, desde la presidencia, es impugnado por un caso que parece contradecir toda su carrera política.
Estas son, pues, tres claves para entender el caso de Nicolás Petro.
De 37 años y facciones pronunciadas como su padre, Nicolás Petro era una figura ascendente de la política en el Atlántico, el departamento más rico del Caribe colombiano y escenario clave del clientelismo y la corrupción política y electoral en el país.
Nació el 21 de junio en el municipio de Ciénaga de Oro, en la sabana del Caribe, del matrimonio de Petro con Katia Burgos, su primera esposa.
Aunque de adultos desarrollaron una relación cercana, el mismo Petro ha admitido que no estuvo presente durante su crianza, porque se encontraba clandestino en su paso por la guerrilla del M19.
Nicolás hizo su vida en el Caribe, donde Petro no volvió a vivir. Allí estudió Derecho y se especializó en Medio Ambiente, luego vivió en Barcelona y finalmente se afincó en Barranquilla, la capital del Atlántico.
Desde que su exesposa Day Vásquez denunció en marzo que Nicolás había recibido dinero ilegal para la campaña, los medios locales lo investigaron y encontraron que sus gastos no eran los que puede pagar un diputado regional: tenía carros y apartamentos suntuosos, gastaba alta sumas en tiendas de lujo.
Durante la última campaña presidencial —la tercera en la que Petro participaba— Petro Burgos jugó un rol central en la búsqueda de alianzas y financiamiento, un ejercicio que en el Caribe inevitablemente implica codearse con poderes cuestionados.
Desde 2020 era diputado gracias a haber quedado segundo en la contienda por la gobernación. Ahora tuvo que renunciar.
Se estima que por los cargos que admitió —enriquecimiento ilícito y lavado de activos— Nicolás Petro puede recibir una condena de entre 10 y 30 años, dependiendo de la eficiencia de su colaboración y a la gravedad de los delitos probados.
«Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía desconocía», dijo el investigador del caso, Mario Burgos.
«Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley».
Según la Fiscalía, Petro Burgos admitió que el dinero fue aportado por dos hombres: Samuel Santander Lopesierra, llamado «El Hombre Marlboro», que fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y contrabando, cumplió condena y volvió al país en 2021; y Gabriel Hilsaca, hijo de «El turco» Hilsaca, un empresario investigado por nexos con grupos armados.
El fiscal sostuvo que «parte de esos dineros fueron usados por Nicolás Petro y su compañera para su beneficio personal y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial».
Durante estos meses el caso se ha ido ampliando. Según el portal La Silla Vacía, unos 15 funcionarios y políticos del movimiento petrista están siendo investigados, ya no solo por recibir dinero ilegal, sino también por los acuerdos políticos y clientelistas que pudieron haber surgidos de las transacciones.
En junio, la revista Semana divulgó unos audios privados del hombre más cercano a Petro durante la campaña, Armando Benedetti, en los que apuntaba a la posible recepción de hasta 15.000 millones de pesos (US$4 millones) para la campaña, una cifra tres veces mayor a la establecida por la ley electoral.
Bendetti fue nombrado por Petro embajador en Venezuela, pero debió renunciar por el escándalo. Su colaboración con la justicia puede traer nuevas revelaciones.
En realidad, el caso apenas empieza.
Y la pregunta es cómo puede afectar a un presidente que —en un hecho histórico, por ser el primer izquierdista puro en hacerlo— llegó al poder con la idea de cambiar la política.
Petro goza de algunos resultados: la economía está mejor de lo que se esperaba, las bajas de militares y los homicidios han bajado levemente producto de sus iniciativas de paz y se les ha dado reconocimiento a comunidades y regiones históricamente excluidas.
Sin embargo, a un año de llegar a la presidencia sus grandes promesas están crudas: las reformas a la salud, al trabajo y a las pensiones no han logrado aprobarse, los seis procesos de paz con grupos armados están más endebles que avanzados y la crisis política en su gabinete y su coalición ha sido más la regla que la excepción.
Ahora llega un escándalo que, además de afectar a uno de sus seis hijos, puede hacer que deba concentrar la mayor parte de sus energías en defenderse y mantenerse en el cargo.
El caso por financiamiento ilegal, además de ser investigado por la Fiscalía, va a pasar por el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Senado.
En el primero Petro, aunque en 2018 llegó a decir que «un solo voto conseguido a través del fraude anula una elección», no tiene chance de ser sancionado, puesto que el CNE solo puede referirse a los directivos de la campaña.
En el Senado la situación es otra: como ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), la Comisión de Acusaciones puede llevar al presidente a un juicio político en el que se investiga si sabía o no de la entrada de dineros ilegales.
En dicho caso, Samper fue absuelto por el Senado, pero su gobierno progresista, que prometía un cambio menos drástico que Petro y tenía mucha menos simbología histórica, se fue en eso.
Ahora a Petro, con promesas más ambiciosas y por ende más difíciles de lograr, se le avecina un escenario similar. Conociéndolo, y ya el jueves dio puntadas en ese sentido, lo va a intentar capitalizar denunciando una persecución. Esto apenas comienza.
