-El escándalo Senase y la podredumbre institucional dominicana-
Por Luis Rodríguez Salcedo
En un país donde las instituciones públicas parecen haber sido secuestradas por mafias de cuello blanco disfrazadas de servidores del Estado, el caso del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y su empresa de seguridad privada Senase es apenas otro capítulo más en la larga novela de la corrupción estructural dominicana. Sin embargo, lo revelado por el Ministerio Público en esta ocasión pone en evidencia una red de connivencia militar-empresarial que operó a plena luz del día durante más de una década, con la complicidad activa o pasiva de las más altas esferas del poder.
Contratos “a la carta” y sobornos institucionalizados
Desde 2012, la empresa Senase se benefició de contratos multimillonarios para prestar servicios de seguridad en entidades estatales como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi. ¿El problema? Todas estas instituciones cuentan con departamentos de seguridad internos, pagados con fondos públicos, cuyos propios encargados se convirtieron en intermediarios del soborno. En otras palabras: le pagábamos doblemente a quienes tenían la responsabilidad directa de velar por nuestra seguridad y nuestros bienes comunes.
El esquema de corrupción, tal como lo describe la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Mirna Ortiz, era una maquinaria perfectamente aceitada: se ofertaban los contratos en restaurantes, se negociaban las mordidas y se efectuaban los pagos a través de transferencias bancarias, cheques y efectivo, como si se tratara de una empresa familiar bien organizada.
Resulta grotesco —aunque ya no sorprendente— que altos oficiales militares, incluso con el rango de mayor general, hayan servido como facilitadores del saqueo institucional. Entre los implicados figuran nombres que dirigían la seguridad en distribuidoras eléctricas y organismos sociales clave, como Inaipi y Senasa, encargados del bienestar de la primera infancia y la salud pública. Es decir, quienes debían proteger los recursos destinados a los más vulnerables, eran parte del latrocinio.
Uno de los casos más descarados es el del civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien recibió más de RD$35 millones en sobornos solo por Edenorte. Este dinero fluyó hacia sus cuentas y las de sus familiares cercanos, demostrando que la corrupción no solo era conocida por los involucrados, sino que formaba parte de una economía familiar paralela a costa del erario.
El patrón se repite: contratos amañados, servicios innecesarios, sobornos pactados, transferencias disfrazadas y funcionarios que, en vez de salvaguardar el interés público, operan como gerentes de negocios privados dentro del Estado. Y lo más alarmante es que este esquema se mantuvo por más de diez años, atravesando distintas administraciones y sin que nadie lo denunciara, lo que habla de una cultura de impunidad profundamente arraigada.
El Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare complejo. Y lo es. Pero no por su estructura operativa —que resulta casi vulgar en su simpleza— sino por las implicaciones políticas y sociales que arrastra. ¿Cuántos contratos similares se mantienen aún vigentes en otras áreas del gobierno? ¿Cuántos coroneles y directores de seguridad siguen “guisando” con empresas “privadas” que funcionan como satélites del desfalco estatal?
La justicia tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de dar un golpe ejemplar. No basta con que algunos imputados acepten su culpa a cambio de prisión domiciliaria. El país necesita sanciones contundentes, recuperación de lo robado y una reforma profunda en los procesos de contratación pública y vigilancia institucional.
En definitiva, el caso Senase nos recuerda que la corrupción no es un accidente, sino el resultado de un modelo de gestión estatal que durante años ha privilegiado la lealtad al soborno por encima del deber constitucional.
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