Álvaro uribe vélez condenado a 12 años de prisión domiciliaria
El viernes 1 de agosto de 2025 marcó un antes y un después en la historia judicial de Colombia. Álvaro Uribe Vélez, presidente entre 2002 y 2010, ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, tras una sentencia de primera instancia que lo convierte en el primer exmandatario privado de libertad en el país.
Además de la pena de arresto domiciliario, la jueza Sandra Liliana Heredia impuso una multa cercana a los 578.000 USD y decretó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
El origen del juicio se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia por injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de promover testimonios falsos sobre sus supuestos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó la demanda y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra el propio Uribe por intento de manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.
Durante el juicio, que acumuló más de 1.100 páginas de fallo, la Fiscalía presentó testimonios de exparamilitares que relataron haber recibido incentivos para cambiar sus versiones en favor del expresidente, un hecho que los magistrados consideraron prueba de soborno y fraude procesal. La defensa de Uribe ha anunciado de inmediato su intención de apelar el veredicto, calificando el proceso de “persecución política”.
Reacciones divididas: del clamor popular al respaldo internacional
A las afueras del tribunal en Bogotá, opositores se manifestaron con pancartas exigiendo “justicia para las víctimas” y denunciando la impunidad que habían atribuido históricamente al “uribismo”. En contraste, simpatizantes de Uribe aseguraron que la sentencia responde a un “ataque político” contra uno de los líderes más influyentes de la derecha latinoamericana ﹘ironía que no pasa desapercibida en un país acostumbrado a la polarización política— y se congregaron para respaldar al exmandatario con consignas de apoyo y cánticos que recordaban sus logros en la lucha contra las FARC.
En el plano internacional, la decisión ha recibido ecos variados. Mientras algunos gobiernos latinoamericanos celebraron lo que calificaron como un “triunfo de la justicia”, voces desde Washington expresaron preocupación por el precedente judicial. Casi de inmediato, el senador estadounidense Marco Rubio describió la condena como un “uso indebido del poder judicial”, sin ofrecer mayores pruebas ﹘una crítica que, a ojos de muchos analistas, pone en evidencia la tensión geopolítica que aún rodea la figura de Uribe.
La condena de Uribe llega en un momento crucial: faltan menos de ocho meses para las elecciones presidenciales de 2026, en las que su partido y sus aliados esperaban jugar un papel determinante. Con Uribe inhabilitado y en arresto domiciliario, la coalición uribista deberá buscar nuevos referentes para cohesionar a su electorado, lo que augura una recomposición del mapa político colombiano.
Analistas de la Universidad de los Andes señalan que este fallo podría reforzar la imagen de una justicia más independiente en Colombia, pero advierten que la polarización podría incrementarse aún más si la apelación de Uribe se prolonga y vuelve a poner en el centro del debate sus vínculos con los paramilitares. La sentencia también abre interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para juzgar a otros exmandatarios o líderes influyentes que se consideraban intocables.
El “juicio del siglo”, como algunos medios han bautizado este proceso, no solo reescribe la hoja de ruta de la justicia colombiana, sino que confronta a la sociedad con sus propias contradicciones: un expresidente aplaudido por su mano dura contra la guerrilla, acusado simultáneamente de negociar con sus peores enemigos internos ﹘los paramilitares— para limpiar su imagen ﹘y un sistema judicial que finalmente se atreve a dictar sentencia.
Sea cual sea el desenlace de la apelación, la condena de Álvaro Uribe quedará en los libros de historia como un punto de inflexión. Colombia observa, expectante, cómo se define el equilibrio entre poder político y rendición de cuentas, mientras sus ciudadanos aguardan que la justicia, por primera vez, alcance a quien alguna vez pareció incuestionable.
