-La Vega y el “operativo fantasma”: cuando la logística llegó tarde al guión-
La exdiputada Rosa Amalia Pilarte se entregó en la Procuraduría… mientras un pelotón con camión y todo allanaba su casa en La Vega. Resultado: gasto, show y una coreografía institucional descoordinada. La condena de 5 años por lavado quedó firme; 13 inmuebles decomisados y una multa que a muchos les sabe a poco.
SANTO DOMINGO / LA VEGA / SANTIAGO — 4 de septiembre de 2025.
En la República Dominicana hay montajes que ni en cine se dan. Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM por La Vega, decidió entregarse “por la buena” en la Procuraduría General de la República. Hasta ahí, todo claro. Pero, al mismo tiempo, una caravana de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la fiscal Andry De los Santos, salía desde el Distrito Nacional con militares, policías, varios vehículos y un camión… para allanar la residencia de alguien que ya estaba entrando por la puerta del Ministerio Público. Teléfono ocupado, coordinación en modo avión.
Lo que pasó (sin adornos)
La entrega: Pilarte se presentó voluntariamente en la PGR para cumplir la sentencia.
El allanamiento fallido: Ucaprec irrumpió en La Vega en paralelo. Cuando se dieron cuenta, ya no había a quién “capturar”.
El traslado: Tras pasar por el juez de Ejecución de la Pena, fue remitida al CCR Rafey Mujeres (Santiago), donde cumplirá condena.
El fallo (y los números que pesan)
La Suprema Corte de Justicia ratificó 5 años de prisión por lavado de activos y ordenó el decomiso de 13 inmuebles en La Vega. Según la sentencia, desde 2001 las cuentas de la ex legisladora movieron más de RD$4,400 millones, mientras que sus ingresos declarados (2003–2021) apenas sumaron RD$16 millones. La aritmética habla sola.
Además, deberá pagar una multa de 200 salarios mínimos del sector público. Juristas consultados lo consideran “irrisorio” frente a la magnitud del caso: la sanción económica luce como mosquito contra bulldozer.
La pieza que incomoda: ¿error, celo o show?
El operativo frustrado dejó al desnudo algo más que prisa: Coordinación fallida: Ucaprec vs. PGR central. Dos agendas, un mismo caso, cero sincronía. Costo político y económico: combustible, tropas, tiempo y titulares… para llegar a una puerta vacía.
Señal institucional: si por un caso tan visible no se cruzan radios, ¿qué queda para el resto?
El Ministerio Público no se quedó en la figura de la exdiputada. En el expediente, vincula a miembros de su familia como cabecillas y patrocinadores de una red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis.
El caso no es una isla; es un archipiélago con puentes familiares, flujos financieros y rutas que miran más allá de La Vega. ¿Quién autorizó el “operativo espejo” cuando ya había entrega voluntaria? ¿Qué protocolo falló para que Ucaprec y la PGR no compartieran el mismo parte?
¿Por qué una multa tan baja frente a volúmenes multimillonarios? ¿Mensajes equivocados al bolsillo? ¿Qué sigue para los coimputados y el entramado familiar señalado en el expediente?
Conclusión TeclaLibre
En un país donde la eficacia institucional se mide con lupa, lo de ayer fue un selfie borroso: mucha presencia, poca precisión. La justicia hizo su parte al confirmar la condena y el decomiso; el Ministerio Público mostró músculo… pero sin oído. Coordinar no es opcional; es lo mínimo. Si se persigue lavado, que no se lave la imagen con operativos que huelen a “efecto especial” más que a inteligencia operativa.
-Luis Rodriguez Salcedo, para TeclaLibre-
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