¿Imposición Política y Encuestas a la Carta? El Caso Jacqueline Fernández vs. Dayna Manzano 🕵️♀️
El escándalo de la candidatura a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Romana es un manual de cómo las intrigas internas y las «manos que mecen la cuna» pueden pasar por encima de la justicia electoral, dejando un sabor amargo a legalidad cuestionada. La historia de Jacqueline Fernández Brito y Dayna Manzano de Los Santos desnuda un aparente patrón de favoritismo que ha terminado con una legisladora en el cargo, a pesar de que dos tribunales superiores señalaran serias anomalías.
Todo comenzó con un resultado que el partido, aparentemente, no quiso ver. En octubre de 2023, la encuesta del «Centro Económico del Cibao» le dio la victoria a Dayna Manzano de Los Santos. La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM lo reconoció con la Resolución 058, declarándola ganadora junto a Wandy Modesto Batista. Un derecho adquirido, sellado y firmado.
Pero, ¡oh, sorpresa! Cinco días después, el panorama cambió por arte de magia (o de una llamada oportuna). La CNEI emitió la Resolución No. 061, ordenando una nueva encuesta con la excusa de un supuesto «error» de la encuestadora original: no se había incluido a Jacqueline Fernández Brito.
En el bajo mundo de la política dominicana, ese «error» suena más a un «ajuste necesario» para asegurar la presencia de un nombre específico en la boleta.
El PRM, con la bandera de la transparencia (guiño, guiño), autorizó a Gallup Dominicana a hacer el nuevo estudio. Y, casualmente, los resultados dieron el giro que se esperaba: Jacqueline Fernández apareció en el primer puesto, relegando a Dayna Manzano de Los Santos. ¡Misterios de la estadística!
El Tribunal Superior Electoral (TSE) no se tragó el cuento. Al revisar el recurso de Dayna Manzano, sentenció que hubo «violaciones a los derechos fundamentales» y fue categórico: dejó sin efecto la Resolución 061, ordenando la exclusión de Jacqueline Fernández y restaurando el derecho adquirido de Manzano (Sentencia TSE/0087/2023). El TSE fue claro: el PRM había actuado con un favoritismo que atentaba contra la justicia interna.
Frente a la derrota en el TSE, Jacqueline Fernández Brito acudió al Tribunal Constitucional (TC). La decisión del TC es la cereza del pastel de la suspicacia.
El TC no pudo determinar la «veracidad de los resultados de la segunda encuesta» (la que benefició a Fernández), citando dos puntos críticos:
- Falta de identificación de la fuente: Ausencia de un identificativo claro que diera credibilidad a la prueba.
- Integridad de la prueba: El documento fue aportado «cortado», levantando serios cuestionamientos.
Aquí reside la gran ironía: El TC no pudo validar la encuesta de Fernández por falta de credibilidad e integridad, pero esa misma ambigüedad terminó siendo la coartada para mantenerla en el cargo.
Al final, Fernández fue electa y juramentada. El mensaje de fondo es perturbador: un partido puede ignorar fallos, manipular procesos internos, y, aun cuando los tribunales señalen graves irregularidades e invaliden la evidencia a su favor, la fuerza de la imposición política termina siendo más robusta que las sentencias.
A este drama judicial se le suma un elemento que añade turbiedad a la figura de la diputada: su ex-pareja, Estaffani José «Ethian» Vásquez Amarante, está siendo solicitado en extradición por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Aunque Fernández ha declarado estar separada de Vásquez, la coincidencia de un ascenso político cuestionable, que pisotea sentencias, y una vinculación familiar reciente con un caso de alto perfil de narcotráfico, alimenta la narrativa de que el «blindaje» político alrededor de la diputada es excepcionalmente fuerte. En política, estas casualidades son rara vez inofensivas.
El caso Manzano vs. Fernández se convierte así en un símbolo de la lucha entre el derecho adquirido y el poder de la cúpula dentro del PRM. Y por ahora, ha ganado el poder.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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