Un caso que nació en el amor… y creció en la retaliación
El vía crucis judicial de Affe Gutiérrez comenzó en 2008, justo después de casarse con la periodista Sarah Pepén. De repente pasó de agente policial a enemigo interno: expulsado de la Policía Nacional, sometido a un proceso penal por homicidio sin pruebas y con una determinación institucional que parecía personal.
En 2009 cayó en una prisión preventiva que se estiró como un castigo extrajudicial. Dos años y medio tras las rejas, mientras afuera se cocinaba algo peor: un testigo confesó después que había sido sobornado para incriminarlo.
En la cárcel, Gutiérrez sobrevivió a intentos de asesinato, a una huelga de hambre y a ver nacer a su hija desde el encierro. La justicia, mientras tanto, jugaba a los dados: fue condenado dos veces a 30 años, y dos veces esos fallos fueron anulados. Solo en 2017 fue descargado definitivamente.
¿Justicia o ajuste de cuentas disfrazado de proceso penal?
Lo que revela el expediente, más allá de tecnicismos legales, es un patrón que en República Dominicana se ha normalizado peligrosamente: Prisión preventiva usada como castigo. Testigos manipulados o “convencidos”. Fiscalías que insisten aún cuando no tienen pruebas. Tribunales que confirman sin mirar debajo de la alfombra. Y un sistema entero que se tarda años en admitir que cometió un abuso.
El TSA fue claro: hubo arbitrariedad, abuso de poder y una afectación moral, física y profesional contundente.
La SCJ fue más lejos: indicó que el recurso de la PGR “carecía de fundamento”. Traducido al lenguaje TeclaLibre: No tenían ni cómo defender su propio desastre.
Más allá del dinero —que, dicho sea de paso, no cubre ni los intereses emocionales del daño—, queda flotando un elemento amargo: nadie ha pedido disculpas.
Ni la Policía Nacional.
Ni la Procuraduría.
Ni los fiscales que empujaron el caso.
Ni los actores que manipularon testigos, pruebas y procedimientos.
Y mucho menos quienes, desde las sombras, usaron el sistema judicial para causar daño personal, moral y psicológico. Porque sí: todo indica que alguien movió piezas para destruir a Gutiérrez. Su matrimonio con una periodista conocida, su salida abrupta de la Policía, la intensidad con que se le persiguió… sugiere que hubo intereses más allá del expediente.
Pero en Dominicana, los fantasmas institucionales nunca dejan huellas, solo víctimas.
La sentencia deja un precedente gigantesco:
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Reconoce que el Estado responde por detenciones abusivas.
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Dibuja un límite al uso politiquero o vengativo del sistema penal.
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Obliga a la PGR a mirarse en un espejo que no le gusta.
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Abre la puerta a nuevas demandas de ciudadanos presos injustamente.
Es una victoria jurídica, pero también un retrato cruel: tuvimos que romper un récord de indemnización para reconocer que metimos a un hombre inocente a prisión durante años.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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