Crónica de un Activo Bajo Sospecha: El Expediente de los Bienes Incautados en la RD
Santo Domingo, RD — La brisa del Caribe suele traer noticias de inversiones y crecimiento económico, pero en los pasillos de la diplomacia binacional, el aire se ha enrarecido con una palabra que siempre resulta incómoda: corrupción. El gigante del Norte, Estados Unidos, ha puesto una lupa, o quizás un foco de alta intensidad, sobre la República Dominicana, no por su capacidad de incautar fortunas ilícitas, sino por la sospecha de qué ocurre con ellas después.
Lo que ha llegado a la esfera pública es más una percepción de riesgo que una acusación formal y detallada. EE. UU. ha expresado su preocupación por un posible «manejo corrupto» de los bienes incautados, aquellos activos millonarios (mansiones, yates, empresas, cuentas bancarias) arrebatados al crimen organizado y la corrupción administrativa.
La situación se presenta como una inquietante paradoja. Por un lado, la Procuraduría General de la República ha cosechado elogios internacionales por su valiente embestida contra la corrupción de alto nivel. Operaciones como «Antipulpo» y «Coral» han llenado titulares y han generado una ola de optimismo sobre la voluntad política de sanear el Estado.
Sin embargo, en el mismo aliento, los informes estadounidenses sobre el clima de inversión y los derechos humanos insisten en señalar a la corrupción y la burocracia como un fardo pesado que ralentiza la inversión y socava la confianza. Y es justo en este punto donde los bienes incautados se convierten en el eslabón débil.
El dilema no es confiscar el yate o la villa del corrupto; el verdadero desafío, y el foco de la sospecha, es la administración post-incautación. ¿Qué manos gestionan ese patrimonio? ¿Se están valorando de manera transparente? ¿A dónde van a parar los fondos generados por su venta o alquiler?
La preocupación de Washington parece enfocarse en la peligrosa zona gris que se abre entre la orden de decomiso y la transferencia final de los activos al Estado, un limbo administrativo donde la discrecionalidad puede engendrar nuevas formas de desvío y apropiación indebida.
El Gobierno dominicano, consciente de esta vulnerabilidad, ha respondido con una arquitectura legal: la Ley 60-23 y el INCABIDE (Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados). Estos instrumentos nacen con la noble misión de dotar de transparencia y eficiencia a este proceso, transformando el producto del delito en beneficio social.
Pero la implementación de la ley y la operación del INCABIDE son, precisamente, lo que está bajo el escrutinio. La percepción de EE. UU. sugiere que, a pesar del marco legal, los vicios sistémicos persisten, ya sea por fallos en la burocracia judicial o por la tentación de la vieja corrupción que se aferra a cualquier punto de control.
El eco de estas preocupaciones trasciende los informes anuales. Afecta la asistencia técnica y financiera que EE. UU. destina a la RD para la lucha contra el narcotráfico y el lavado. Si Washington percibe que los activos recuperados en operaciones conjuntas están siendo mal administrados o, peor aún, reintroducidos en un ciclo de corrupción, la cooperación bilateral inevitablemente se verá comprometida.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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