UN CHIN /
Autor: Carlos Márquez /
La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana de intimar al partido Fuerza del Pueblo por la exitosa marcha del pasado domingo, alerta y evidencia lo que podría ser un indecoroso giro en el rol natural de imparcialidad que debe caracterizar a los árbitros electorales.
La referida intimación no puede verse como simple reproche legal.
Hay que interpretarlo como lo que es. Un gravísimo acto de intolerancia emanado de una entidad que jamás debió de acometerla.
La JCE, cuyo mandato es arbitrar, corre el riesgo de caer en el aborrecible acto de judicializar la actividad política, intentando coartar la legítima disidencia.
La protesta pacífica es un derecho constitucional inalienable. Su limitación erosiona la confianza en la neutralidad de la Junta.
La JCE no está llamada a antagonizar a la oposición; por lo que debe exculparse haciendo una revisión inmediata de la maltrecha intimación, ya que sienta un precedente peligroso que favorece la inmovilidad y coarta el albedrio expresivo de los dominicanos y las dominicanas.
Con la marcha pacífica del pasado domingo, la Fuerza del Pueblo ejerció el derecho a caminar y disentir junto al pueblo sin violentar ningún dictamen constitucional.
La JCE jamás debió reaccionar mostrando la enagua intimando para silenciar lo que son libérrimas competencias los integrantes de la sociedad dominicana y de la oposición, en este caso del partido Fuerza del Pueblo.
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