La Cobra Silenciosa: Cómo Hazim Albainy Convirtió Senasa en un «Club de Amigos y Negocios Turbios»
El Ministerio Público ha desvelado la «operación Cobra», un golpe de efecto que retumba en las entrañas del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y apunta directamente a su exdirector, Santiago Marcelo Hazim Albainy. El fin de semana trajo consigo una docena de allanamientos espectaculares y la imagen de Hazim Albainy bajo arresto. La pregunta que flota en el ambiente: ¿Cuánto dinero público fue succionado por esta supuesta red de corrupción?
El expediente de la medida de coerción, depositado este martes, pinta un cuadro de cinismo administrativo que duró de 2020 a 2025. Los fiscales no se andan con rodeos: Hazim Albainy no solo llegó a Senasa, sino que reconfiguró la institución a su antojo para fines menos que éticos.
La pieza central del presunto esquema fue un Comité de Contrataciones Médicas, que, según la acusación, el exdirector creó de forma arbitraria y sin base legal. Desmanteló el proceso preexistente y lo reemplazó con un círculo íntimo:
«Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su línea directa de autoridad.»
La lealtad, no la capacidad técnica, era el único criterio de selección. El exdirector se rodeó de Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez, convirtiéndolos en engranajes de una máquina diseñada para el favoritismo y el soborno.
El Comité, afirma el Ministerio Público, era un puente de plata para favorecer a:
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Amigos y allegados.
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Miembros del círculo político.
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Personas que habían «aportado en la camраñа».
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—O, simplemente, a quienes lo sobornaban.
La crónica de la «Cobra» se vuelve más oscura al detallar los roles de la guardia pretoriana de Hazim Albainy:
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Germán Robles, el Consultor Jurídico, usaba un «poder determinante» para imponer las aprobaciones de los prestadores «agraciados» y gestionaba contratos por la puerta de atrás.
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Francisco Iván Minaya, Gerente de Salud, se encargaba de homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del comité, asegurando la fluidez del proceso.
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Roberto Canaán, Gerente de Atención al Usuario, presionaba para habilitar y ampliar prestadores que carecían de la documentación y la infraestructura mínimas.
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Carmen José Velázquez, Gerente de Afiliación, cerraba el ciclo firmando actas que simplemente recogían decisiones que ya venían pactadas desde el despacho principal.
Pero la cosa no paraba ahí. Las «asistentes más cercanas», Johana Fernández y Johanna Grullón, llegaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por «órdenes directas» del exfuncionario. El grupo actuaba de manera «articulada» para dar luz verde a contratos a pesar de no cumplir requisitos, todo bajo pretextos del tipo: «hay que ayudarlo».
Lo más suspicaz del expediente es la revelación de que Hazim Albainy ya estaba recibiendo «beneficios» antes de sentarse en la silla de director de Senasa.
Los fiscales detallan que el ex funcionario recibió una lujosa yipeta Lincoln Navigator, valorada en más de RD$ 6.7 millones, un vehículo que luego fue vinculado al empresario José Pablo Ortiz Giráldez.
El Ministerio Público ha tirado del hilo. Ahora falta ver cuánta piel perderá la «Cobra» y quién más terminará mordido por esta operación que promete exponer las entrañas de cómo se maneja el patrimonio público en la sombra.
Las acusaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción contra Santiago Hazim Albainy y sus colaboradores no solo se centran en el desfalco, sino en el abuso de poder institucional para crear un sistema de corrupción sistemática. La gravedad de los cargos radica en la subversión de la misión de Senasa para favorecer intereses particulares.
Las tres acusaciones más graves, que sirven de pilar para el caso, son:
Creación de Estructura Ilegal para Fraude (El Comité Arbitrario) La acusación central y más grave es la creación deliberada de un mecanismo institucional fraudulento.
Hazim Albainy es acusado de crear el Comité de Contrataciones Médicas de forma «arbitraria y sin sustento legal». Esto no es solo una falta administrativa, sino una alteración fundamental del mecanismo de control y transparencia de Senasa.
El propósito explícito de este comité era «concentrar las decisiones de contratación» en su círculo de máxima confianza, eliminando la vigilancia y los contrapesos preexistentes.
El Ministerio Público afirma que este comité fue el vehículo para el favorecimiento a prestadores vinculados a su círculo político, amistades, financistas de campaña o a quienes ofrecieran sobornos. En esencia, convirtió la aprobación de servicios de salud esenciales en un mercado de favores.
Uso de Recursos Públicos a Cambio de Beneficios Personales: esta acusación tipifica el presunto desvío de fondos y recursos públicos a cambio de enriquecimiento ilícito, incluso antes de que el entramado estuviera operativo.
La revelación de que Hazim Albainy recibió una yipeta Lincoln Navigator valorada en más de RD$ 6.7 millones, vinculada a un empresario, antes de ocupar su puesto o instalar el comité, sugiere una relación de cohecho o soborno con miras a futuros favores institucionales.
Al aprobar contratos a prestadores que «no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos,» la red no solo robó dinero, sino que puso en riesgo la calidad de los servicios de salud que debían recibir los afiliados de Senasa. La pérdida es doble: económica y de calidad de vida.
La gravedad de los roles de los coimputados radica en que utilizaron sus posiciones clave dentro de Senasa para blindar la operación ilegal, creando una cadena de mando corrupta:
Germán Robles (Consultor Jurídico): Su papel es crítico, ya que su función era avalar la legalidad. Al ejercer un «poder determinante» para imponer la aprobación de prestadores y gestionar contratos fuera de procedimiento, la acusación sugiere que se utilizó la fachada de la legalidad para consumar el fraude.
Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario): Su función de presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación ni infraestructura adecuada apunta a un grave riesgo para la salud de los asegurados y demuestra la voluntad de sacrificar la calidad del servicio por el beneficio particular.
Asistentes (Johana Fernández y Johanna Grullón): El uso de listas predeterminadas de prestadores por «órdenes directas» demuestra que el fraude era jerárquico y que las decisiones se tomaban en la cúpula, ignorando por completo los procedimientos internos.
En resumen, el caso no trata solo de la sustracción de dinero, sino de la instrumentalización de una institución vital de seguridad social para crear una red jerárquica cuyo único fin era el enriquecimiento personal y político a costa del patrimonio público y la salud de los ciudadanos.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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