Noti-análisis | Crónica política con lupa judicial
Por TeclaLibre
La ola que prometía “cambio” terminó en tsunami de sospechas: Santiago Hazim, el hombre-oleaje detrás de Abinader, bajo la lupa de la justicia
SANTO DOMINGO — Lo que durante años fue cantado en caravanas, vallas y mítines como la “ola que traía el cambio” terminó convertida en un enorme oleaje judicial. Santiago Marcelo F. Hazim Albainy —quien fuera coordinador nacional del movimiento político Sector Externo oLA y uno de los pilares de las victorias electorales de Luis Abinader en 2020 y 2024— enfrenta hoy una acusación que pone en jaque el discurso del “cambio sin corrupción”.
Desde su arribo al poder, Abinader —apoyado por partidos aliados y bloques como oLA— prometió gobernar sobre bases limpias y transparentes. El movimiento oLA —seudónimo de Organización Luis Abinader— era presentado como un músculo ciudadano que impulsó la candidatura presidencial, con Hazim como timonel infatigable en calles, plazas y comunidades fuera y dentro del país.
En 2020, Hazim figura en los informes financieros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como uno de los principales donantes de la campaña de Abinader, aportando más de 8 millones de pesos y ubicándose entre los más generosos del pelotón financiero.
Tras el triunfo, Abinader le otorgó la dirección ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa), una institución clave para millones de dominicanos del régimen subsidiado. Pero lo que parecía una jugada política acertada terminó siendo una bomba de tiempo.
Según el Ministerio Público, la institución supuestamente fue el centro de un entramado que desfalca al Estado dominicano por más de RD$15 mil millones. La investigación —denominada Operación Cobra— acusa a Hazim de encabezar una red que combinó fraude administrativo, corrupción, lavado de activos y desvío de fondos públicos a través de prestadores de servicios y empresas vinculadas a funcionarios y allegados.
La estrategia, según el expediente, fue simple en su redundancia: crear estructuras paralelas de contratación, sin los requisitos legales, para favorecer prestadores aliancistas, determinar pagos extraordinarios y justificar movimientos de dinero bajo conceptos ambiguos y sin sustento.
En el caso sobresalen nombres de prestadores que recibieron contractos millonarios pese a no contar con permisos sanitarios adecuados, y ejecutivos cercanos al movimiento oLA. Parte de la acusación sostiene que estas operaciones no respondían a necesidades de salud pública sino a la extracción sistemática de recursos estatales para favorecer una red clientelar.
En la fase inicial de audiencias, varios de los imputados han admitido de manera parcial hechos que apuntan directamente a Hazim como cerebro del esquema. Sus declaraciones al tribunal han incrementado la presión sobre el exdirector.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Hazim y otros implicados, y ha pedido que el caso se declare de tramitación compleja dadas las magnitudes y el número de víctimas afectadas (más de 7 millones de dominicanos afiliados a Senasa).
Mientras el presidente Abinader ha reiterado públicamente que no tolerará prácticas corruptas y que ordenó investigar a fondo las irregularidades en Senasa —incluso promoviendo que la institución se constituya en actor civil para recuperar los fondos—, la defensa de Hazim sostiene que los poderes del Estado deben respetar la presunción de inocencia y el debido proceso sin interferencias políticas.
Lo que empezó como un movimiento político vibrante quedó ahora empañado por acusaciones que golpean no solo a uno de sus hombres más visibles, sino también a la narrativa de un gobierno que prometió gobernar de forma diferente. La justicia dominicana entra en un terreno delicado: demostrar si este caso es el símbolo de una nueva etapa de rendición de cuentas, o simplemente otro capítulo de un sistema político donde la cercanía con el poder parece ofrecer más puertas que verificaciones.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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