-El «Pudo ser y no fue» en SENASA: El 2022 como punto de quiebre»-
Mientras el sistema de salud dominicano pedía a gritos una transfusión de ética, los controles del Estado parecen haber estado en coma inducido. La jurista Laura Acosta Lora ha soltado una bomba informativa que pone a temblar los cimientos de la administración pública: el multimillonario desfalco en SeNaSa no fue un asalto nocturno y repentino, sino una hemorragia consentida que pudo —y debió— ser detenida en 2022. Entre auditorías engavetadas y silencios cómplices, Acosta revela cómo la inacción de los organismos de control permitió que un esquema de corrupción se convirtiera en un monstruo de 15,000 millones de pesos, drenando los recursos de quienes menos tienen ante la mirada indiferente de quienes debían vigilarlos.»
Lo que Laura Acosta plantea es que el caso SeNaSa no fue una «sorpresa» de última hora, sino una crónica de un desfalco anunciado. Según su análisis, para 2022 el sistema ya estaba gritando:
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Auditorías «Gaveteadas»: Se dice que los informes de la Contraloría ya tenían manchas rojas. Acosta cuestiona por qué, si los auditores vieron el humo en 2022, esperaron a que el edificio se incendiara en 2025 para llamar a los bomberos (el Ministerio Público).
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El Silencio de los Inocentes: La jurista apunta a que en las instituciones públicas existen «candados» (Controles Internos). Si el entramado operó dos años más, es porque alguien con llave permitió que los candados se quedaran abiertos.
El estilo de este análisis resalta la crueldad del esquema. No es solo que se robaron dinero; es que se robó dinero de las jeringuillas, de las diálisis y de las consultas de los que no tienen nada.
Empresas que solo existían en un papel cobrando millones por «servicios» que nadie recibió. Medicamentos que al Estado le costaban el triple de su valor real. El arte de hacer que un déficit parezca un «ahorro» para seguir pidiendo presupuesto.
Para una abogada de su calibre, la negligencia en la administración pública tiene consecuencias penales. Acosta sugiere que si el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Contraloría hubiesen actuado cuando los indicadores de 2022 saltaron, el país se habría ahorrado más de RD$ 8,000 millones que se drenaron entre esa fecha y hoy.
En TeclaLibre lo decimos claro: El problema no es solo el que se lleva el dinero en la funda, sino el que mira para otro lado mientras la funda se llena.
¿Qué significa esto para el actual proceso? Que la defensa de los implicados tendrá que explicar no solo qué hicieron, sino cómo lograron que nadie «viera» nada durante tres años. Laura Acosta ha puesto el dedo en la llaga: la responsabilidad no termina en el director de turno, sino que salpica a los supervisores que dejaron pasar el elefante por la puerta de la cocina.
-Luis Rodríguez Salcedo para TeclaLibre-
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