SANTO DOMINGO.- La Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió este miércoles un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de no ha lugar dictado por el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró -en junio de 2022- en favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros 16 acusados en la venta del sector Los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este.
Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron de inmediato la apertura de juicio de fondo contra Leoncio Almánzar, Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde (Corporación Dominicana de Empresas Estatales); Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Asimismo va al juicio de fondo Lisetel González, quien está acusada de prestar su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa y Teknowlogic Dominicana S.R.L
Los jueces concedieron el auto de no ha lugar el agrimensor Hadonis Cruz Mella, Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
También, obtuvieron no ha lugar José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec, y la agrimensora Ana Antonia Ozuna Nolasco. La fecha de inicio de juicio de fondo está pendiente a fijarse por parte de la Corte.
Fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que los involucrados en la trama de venta de terrenos en los Tres Brazos enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Rosa Pichardo, representante del Ministerio Público, al considerar como un éxito la decisión de los jueces explicó: «Esta ha sido una decisión mixta y el Ministerio Público salió ganancioso, por lo que en una próxima etapa de juicio de fondo habremos de hacer valer las pruebas en contra de los acusados».
Con relación a los señalados que fueron favorecidos con un auto de no ha lugar manifestó que el Ministerio Público ha de hacer los análisis para presentar los recursos de lugar en esta próxima etapa.
Los jueces consideraron que la querella interpuestas por Manuel de Jesús Contreras y Vicenta García, constituidos en actores civiles en nombre de los habitantes de Los Tres Brazos fue en tiempo hábil y basada en derechos.
En ese sentido, el presidente del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, Milciades Gerardo, expresó que esto constituye una victoria por parte de la comunidad.
Advirtió que, llegarán hasta las últimas consecuencias, esperando una condena definitiva y que se puedan resarcir las personas «estafadas» en la comunidad.
De igual forma, pidieron al gobierno, que una vez terminado este proceso debe proceder a titular de forma definitiva Los Tres Brazos.
La presunta estafa ha sido cuantificada por el Ministerio Público por más de 90 millones de pesos.
También acusan a los implicados de haberse robado más de cuatro millones de metros cuadrados de Los Tres Brazos en detrimento del Estado dominicano y miles de familias.
