-Amnistía Internacional arremete contra el nuevo Código Penal dominicano: “Un retroceso histórico para los derechos de las mujeres”-
Santo Domingo.– El nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgado el pasado 3 de agosto por el presidente Luis Abinader tras su aprobación en el Congreso Nacional, ha encendido las alarmas de Amnistía Internacional (AI) y de organizaciones locales de derechos humanos. El motivo: mantiene la prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto, riesgo para la vida de la madre o malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Tras décadas de debates y promesas incumplidas, la reforma llegó, pero no como la esperaba la sociedad civil. “Los poderes legislativo y ejecutivo ignoraron buena parte de las demandas ciudadanas y de voces públicas que exigían un Código Penal más justo y acorde con los estándares internacionales de derechos humanos”, denunció AI en un comunicado.
Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de la organización, fue tajante: con esta firma, Abinader “consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género”. Y añadió: “La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de mujeres y niñas”.
La República Dominicana se ubica entre las naciones con mayor mortalidad materna en América Latina. Según AI, al menos el 10% de estas muertes están vinculadas a abortos inseguros. Pero el problema no se queda ahí: la nueva legislación arrastra otras disposiciones que, según las organizaciones defensoras de derechos, agravan la discriminación y la violencia de género.
Entre las más polémicas: la prescripción de la acción penal para delitos de violencia sexual contra mujeres adultas, una definición regresiva de la violencia sexual en el contexto de pareja, la tolerancia al castigo físico contra menores, y la ausencia de sanciones por discriminación basada en orientación sexual o identidad de género.
Para Johanna Cilano Peláez, investigadora del Caribe de AI, estas omisiones no son casuales: “Reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres”.
El Código Penal entrará en vigor en 2026, y Amnistía Internacional exige que el Congreso lo enmiende antes de esa fecha. Su llamado es claro: incorporar la igualdad de género, la protección de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, y colocar los derechos humanos como columna vertebral de la legislación penal dominicana.
En otras palabras, el país tiene dos años para decidir si quiere un Código Penal que mire al siglo XXI… o que siga anclado en el XIX.
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