La Cámara de Diputados de Chile votará este miércoles un proyecto misceláneo impulsado por el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric que busca ampliar las causales de expulsión de inmigrantes constitutivas de delitos como violencia intrafamiliar o porte ilegal de armas, revocar la residencia a los que cometan reiteradamente infracciones relacionadas con la convivencia —riñas, ruidos molestos y venta ambulante—, aumentar los requisitos para obtener la nacionalización chilena y, entre otras medidas, elevar las penas a los responsables de tráfico de extranjeros.
La propuesta, que de ser aprobada pasaría a discusión al Senado, parece contar con los apoyos necesarios para su avance legislativo. En la derecha, con una postura más dura sobre la inmigración, han manifestado su respaldo, mientras que en el oficialismo, el diputado Jaime Sáez, jefe de la bancada del Frente Amplio (FA), partido del presidente Boric, ha confirmado a EL PAÍS que su formación política está dispuesta a aprobar el proyecto, pese a que algunos parlamentarios, como el independiente Rubén Oyarzo, presidente de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados —donde fue aprobada la iniciativa— habían manifestado sus dudas por el respaldo del FA y el Partido Comunista (PC). “Esperemos que el Gobierno tenga alineados a sus diputados, ya que en la comisión [de Interior] brillaron por su ausencia”, dijo Oyarzo.
Pero el socialista Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría de Gobierno (Segpres) —cartera encargada de llevar las relaciones con el Congreso— ha afirmado que esperan contar con el apoyo del oficialismo, según El Mercurio; mientras que Sáez se muestra a favor de endurecer la política migratoria: “Es evidente que la situación migratoria vivida en todo el continente nos afecta, particularmente, en nuestro país. Cuando se ingresa de forma irregular, se hace imposible acoger a esa población con las condiciones necesarias, afectando tanto la calidad de vida de la población nacional como de quienes migran, generando inestabilidad e incertidumbre”.
Chile, con una población de 19,6 millones de personas, acoge a cerca de 1,6 millones migrantes, de los cuales casi un 33% son venezolanos, el principal grupo de extranjeros en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un 6,6% de toda la población extranjera residente (107.223 personas) se encuentran en situación irregular, una cifra calculada con base en las prórrogas de turismo vencidas junto con los registros de informes policiales (denuncias y autodenuncias por ingresos irregulares) que no tienen registro de solicitudes de permisos de residencia.
Un eventual incremento de este grupo preocupa a las autoridades, especialmente después de que Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio por el organismo electoral de Venezuela —controlado por el chavismo— y cuyos resultados son considerados fraudulentos por varios países y organismos internacionales, entre ellos el Centro Carter.
Maduro, quien recrudeció su represión contra la oposición y los manifestantes tras las votaciones, al punto de encarcelar a más de 1.700 personas —incluyendo a decenas de menores— retiró a sus cónsules de los países que cuestionaron su victoria, incluyendo a Chile, y también expulsó a los diplomáticos de dichas naciones en Caracas. La medida ha dejado a la deriva a cientos de miles de migrantes venezolanos, considerados por la Organización Internacional de Migración (OIM) como el segundo mayor desplazamiento del mundo: 7,7 millones. Y la preocupación por una potencial nueva ola migratoria se ha potenciado a medida que se acerca la fecha de toma de posesión presidencial en Venezuela, el 10 de enero de 2025.
En septiembre, Boric, el mandatario progresista más crítico con Maduro en la región, dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que “Chile ya no está en condiciones de recibir más migración”.
Para los chilenos, la inmigración se ha convertido en uno de los principales debates en los últimos cinco años debido a que ha aumentado de forma vertiginosa. De acuerdo con un informe de la consultura Ipsos, un 47% de los chilenos siente preocupación por el control de la inmigración, lo que supera al promedio del 17% de los 29 países medidos por esta empresa, mientras que una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestra que seis de cada 10 consultados cree que la principal causa de la delincuencia es la inmigración irregular, aunque no hay evidencia de ello.
El proyecto discutido en el Congreso también aborda la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresen a Chile no acompañados de un adulto o sin documentación, fijando un procedimiento que incluye que el tribunal competente en casos de familia, previa revisión y constatación de la situación familiar del menor en su país de origen, dictará resolución ordenando su salida o permanencia. Las propuestas de modificaciones relacionadas con menores preocupan a Gabriela Hilliger, directora de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que señala que el Estado chileno debe ofrecer protección a este grupo etario, independientemente de su situación migratoria. “Nos preocupa que con esa norma nos eximamos como Estado de la obligación de proteger a estos NNA no acompañados que buscan esa protección en nuestro país y que muchas veces han sido víctimas de distintos tipos de abusos y vulneraciones de derechos en sus países”.
