-Empresarios cuestionan política migratoria de Abinader: dicen afecta la producción nacional. Industriales y constructores advierten sobre escasez de mano de obra por las deportaciones masivas de haitianos-
SANTO DOMINGO.– La política migratoria del Gobierno dominicano, que busca deportar 10,000 inmigrantes indocumentados cada semana desde octubre de 2024, está generando alarma en sectores clave de la economía nacional.
Aunque el Gobierno insiste en que la meta es reducir la presencia de inmigrantes ilegales, en la práctica esta estrategia está afectando a las industrias, la agroempresa y la construcción, donde la mano de obra extranjera —principalmente haitiana— cumple un papel esencial.
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, advirtió que las deportaciones han provocado escasez de trabajadores en áreas sensibles, como la recolección agrícola y la edificación de obras.
“Sí, se ha afectado la mano de obra en la construcción, en la agroindustria, para recoger frutas y vegetales del campo”, expresó Brache en presencia del presidente Luis Abinader.
Brache propuso al Gobierno establecer un permiso temporal de trabajo para extranjeros, similar al aplicado por México y Estados Unidos, como una vía legal y controlada para que el país mantenga su capacidad productiva sin comprometer la soberanía.
No es la primera advertencia. En febrero, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) pidió al Gobierno regularizar a unos 87,000 trabajadores haitianos que aún esperan documentación.
La presidenta del gremio, Annerys Mélendez, calificó la política de deportaciones como “desplanificada” y sin margen para que las empresas completen los trámites legales de sus empleados.
“No hubo tiempo para organizar la legalización. El resultado es una paralización progresiva en obras de gran escala”, sostuvo.
Según Acoprovi, la construcción genera más de 435,000 empleos en el país, cumpliendo con la Ley 16-92, que exige que al menos el 80% de los empleados sean dominicanos. Sin embargo, ese 20% restante —cubierto mayormente por haitianos— resulta clave en la ejecución de tareas de alto esfuerzo físico y baja especialización.
Pese a los reclamos, el Ejecutivo mantiene su línea. El vocero presidencial, Homero Figueroa, reiteró vía X (antes Twitter) que “no hay plan de regularización” y que la estrategia del Gobierno es clara: asegurar la frontera, deportar a los indocumentados y hacer cumplir la ley migratoria.
A esto se suman las 15 nuevas medidas anunciadas el 6 de abril, dirigidas a reforzar la vigilancia fronteriza y las redadas en el interior del país. Hasta la fecha, 114,884 haitianos han sido deportados en lo que va de 2025, elevando la cifra total a más de 1.1 millones de retornos.
La postura del Gobierno contrasta con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros implementado en 2014 durante el mandato de Danilo Medina. En ese entonces, más de 206,000 haitianos solicitaron legalizar su estatus en República Dominicana.
Pese a esa experiencia, no existen indicios de que se retome una estrategia similar. Como medida para enfrentar la creciente tensión migratoria, el presidente Abinader convocó a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía a un “encuentro de alto nivel”.
Medina se mostró dispuesto a recibir al mandatario en la sede del PLD, mientras Fernández propuso el Consejo Económico y Social (CES) como escenario ideal para la discusión. No obstante, hasta el momento el Palacio Nacional no ha respondido oficialmente a esas sugerencias.
Mientras el Estado insiste en la aplicación estricta de la ley, y los sectores empresariales piden soluciones pragmáticas, miles de trabajadores haitianos siguen siendo deportados sin que se evalúe su aporte económico ni se considere una transición ordenada.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿puede la economía dominicana sostenerse sin mano de obra extranjera, en especial si no hay un plan para reemplazarla?
