-“Confiscación masiva” en Nicaragua: ¿Quién le pone freno a Ortega?-
Este martes 5 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad —es decir, sin ningún voto en contra— una nueva Ley de Territorio Fronterizo. Esta norma declara como propiedad estatal toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales. Según opositores y juristas, llama la atención el carácter masivo y unilateral de la medida, que implica una “confiscación masiva” sin precedentes.
La ley abarca más de 18.000 km², una extensión similar al tamaño de El Salvador. Incluye viviendas, fincas, pueblos enteros, playas e incluso zonas protegidas.
Diario Tiempo de Honduras
Esto afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes empresarios. Entre los denunciantes están figuras como Carlos Pellas y Ramiro Ortiz Gurdián, quienes vieron sus propiedades pasar automáticamente al Estado, sin posibilidad de reclamo ni indemnización.
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El opositor Juan Sebastián Chamorro advierte que estas tierras podrían ser subastadas, otorgadas a políticos leales o incluso alquiladas a sus antiguos dueños, abriendo riesgos de abusos y exagerada concentración de poder.
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El control de esta franja será asumido por el Ejército de Nicaragua, lo que profundiza el giro hacia la militarización del estado y el control social. Chamorro califica esto como resultado de la paranoia del régimen: no hay amenazas reales en las fronteras; más bien, se busca un mayor control territorial y una justicia a la medida del poder.
La medida refuerza la tendencia autoritaria del régimen Ortega-Murillo, que ya ha desmantelado contrapesos del poder: desde la judicialización subordinada del sistema judicial hasta la cesión del control militar hacia la copresidenta. Ahora suman la tierra como otro dominio sin mediaciones democráticas claras.
Aunque la ley fue aprobada “por unanimidad”, se discute si cumple con los estándares internacionales de derechos humanos sobre propiedad y debido proceso. La rapidez y falta de garantías evocan un ejercicio de poder más que una ley legítima.
La medida genera incertidumbre para cualquier actor involucrado en la propiedad o productividad agrícola, marítima o turística en zonas fronterizas. Al mismo tiempo, amenaza el patrimonio colectivo de comunidades, especialmente vulnerables ante decisiones unilaterales del Estado.
Con el Ejército en funciones de administración territorial, se desdibuja la distinción entre seguridad y política, y se incrementa el poder coercitivo del régimen frente a la sociedad civil.
De un plumazo, más de 18 000 km² de tierra fronteriza pasaron a manos del Estado, sin compensación ni debate real. Ya no es solo una ley: es una declaración de jurisdicción autoritaria, una expansión más del poder de Ortega-Murillo, tejida en el silencio institucional y militarizado. Lo que la ley pone en peligro no es solo la propiedad privada, sino los restos de autonomía y derecho en un país que camina hacia la consolidación de un régimen de hecho impermeable.
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