-Corrupción que mata: cuando la salud pública se convierte en negocio-
La Sociedad-La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) lanzó una de las denuncias más duras contra el sistema de salud: la corrupción en la ARS estatal Senasa y la crisis del Instituto Oncológico Regional del Cibao habrían provocado muertes evitables, desabastecimiento de medicamentos y desvío de prescripciones. Un noti-análisis sobre un caso donde la corrupción no solo robó dinero, sino tiempo… y vidas.
SODOM no se quedó de brazos cruzados al hacer su balance del 2025: afirmó con firmeza que la corrupción dentro de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Senasa, combinada con la grave crisis en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, provocó la muerte de pacientes y el deterioro de muchos otros por falta de medicamentos de alto costo y desvío de prescripciones a empresas favorecidas.
Este comentario no es una crítica abstracta: los oncólogos advierten que inventarios enteros de medicamentos esenciales expiraron sin llegar a quienes los necesitaban, mientras muchos pacientes “esperaron hasta perder la vida en esta batalla interminable por su salud y sus derechos”.
El gremio médico recalca que en 2025 hubo ausencia o mala gestión de medicamentos críticos para tratar cánceres y otras enfermedades crónicas, pese a que el programa maneja fondos públicos millonarios.
SODOM señaló que había un patrón: prescripciones eran dirigidas a proveedores específicos, no por necesidad clínica, sino porque esas empresas pagaban para estar en la red de suplidores de la ARS estatal.
En lugar de auditar y corregir, muchas de las acusaciones fueron inicialmente negadas por las autoridades, lo que permitió que estos mecanismos de corrupción persistieran y causaran daño real a la población.
La crisis no se limitó a Senasa: el Instituto Oncológico Regional del Cibao, pilar de la atención en el norte del país, enfrenta retos financieros considerables — producto de años de mala gestión y corrupción que han debilitado su capacidad de respuesta clínica.
Esta denuncia llega en un momento en que el sistema judicial dominicano ha empezado a responder: varios imputados en el caso Senasa, incluyendo altos funcionarios, enfrentan prisión preventiva por un esquema de corrupción que habría captado miles de millones de pesos y afectado a millones de afiliados.
Para SODOM, estos avances deben ser solo el principio de una respuesta más amplia, con:
-Auditorías profundas del acceso a medicamentos, especialmente de alto costo.
-Transparencia real en la contratación de suplidores de medicamentos y servicios.
-Sanciones ejemplares contra quienes provocaron daño a la salud pública.
-Mecanismos efectivos de supervisión para evitar que estos actos se repitan.
Detrás de cada denuncia hay una realidad dolorosa: vidas perdidas, tratamientos interrumpidos y familias desprotegidas por la mala gestión de un sistema que, por definición, debería proteger la salud de todos los dominicanos. Tal como lo expresó SODOM, “gracias a nuestro sistema corrupto de salud, no pudieron ejercer su derecho de acceso a un tratamiento digno y de calidad”.
La declaración cierra con un llamado a la esperanza —y a la acción— para 2026: justicia social, equidad real en salud y una República Dominicana donde el acceso a tratamientos vitales no sea moneda de cambio de intereses económicos.
Este no es solo un caso judicial ni una disputa administrativa: es una crisis moral y sanitaria. Los organismos que debían proteger la vida se vieron envueltos en prácticas que, según médicos especialistas, contribuyeron a muertes evitables y al sufrimiento de pacientes oncológicos. Si la justicia dominicana actúa con rigor y transparencia —no solo castigando, sino reformando el sistema— este escándalo podría convertirse en un punto de inflexión para la salud pública.
Pero eso requiere más que juicios: exige instituciones verdaderamente responsables, controles que funcionen, rendición de cuentas, y la protección real del derecho fundamental a la salud.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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