El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado redadas migratorias en lugares que anteriormente se consideraban «protegidos», como escuelas, iglesias y hospitales.
En el sindicato de maestros de Los Ángeles se respira inquietud, donde un centenar de personas acudió la noche del martes a un edificio sobre la avenida Wilshire, convocados por unas 18 organizaciones de derechos humanos de California.
En el salón había activistas, maestros, abogados de migración, sindicalistas e indocumentados. Todos forman parte de la incipiente resistencia que comienza a organizarse para encarar a Donald Trump, el hombre que ha asumido un segundo mandato en la Casa Blanca declarando la guerra a los migrantes. Por más de dos horas, los abogados intentaron trasladar un poco de calma a los presentes. Sin embargo, el miedo afloraba en casi cada pregunta que cerraba el taller.
Esta decisión revoca una directriz de 2011 que instruía a las autoridades migratorias a evitar operativos en estos sitios. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que esta medida permite a los agentes capturar a «criminales extranjeros» que podrían estar ocultándose en estos lugares.
Esta acción forma parte de un plan más amplio para llevar a cabo una deportación masiva sin precedentes. La eliminación de las restricciones en estos «sitios protegidos» ha generado preocupación entre las comunidades migrantes, ya que ahora se sienten en riesgo al realizar actividades cotidianas como asistir a la iglesia, llevar a sus hijos a la escuela o recibir atención médica.
En respuesta, algunas autoridades locales, especialmente en ciudades con políticas de «santuario» como Chicago, han expresado su rechazo a cooperar con estas redadas y han instado a los residentes a conocer sus derechos constitucionales.
El texto del presidente Trump asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay «criminales» que se «esconden en las escuelas y las iglesias» de EE.UU. para evadir ser arrestados.
La decisión llega un día después de que Trump asumiera el poder y enfatizara que cumplirá con su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EEUU.
La directriz que fue revocada fue emitida por el Gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior.
Entre los «sitios protegidos» se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.
