Tensión en el oficialismo por el Código Penal
A finales de julio circuló una carta abierta -con más de mil firmas- en la cual la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas, Esther y Graciela Abinader, advertían al presidente Luis Abinader sobre los “graves retrocesos en materia de derechos humanos” que implicaría la reforma del Código Penal actualmente en discusión en el Congreso Nacional. El texto subrayaba, entre otros puntos, la eliminación de las causales mínimas de aborto, la limitación en la definición de feminicidio y las barreras probatorias en violencias intrafamiliares.
Durante la sesión extraordinaria del miércoles 30 de julio, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, utilizó un tono claramente de “soldado en brigada”, haciendo un reproche a la familia presidencial por la manera en que comunicaron sus críticas:
“A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó, y a los diputados tampoco”
Con esta frase, Pacheco reivindicó el esfuerzo de los 144 “soldados” del PRM que, según él, trabajaron “muy duro” para llevar a Abinader al poder, enfatizando la expectativa de lealtad y comunicación de “aliados” más que de “extraños”
Mientras Pacheco descalificaba la forma, la misiva de Arbaje y sus hijas centraba sus objeciones en el fondo:
1-Absoluta penalización del aborto al suprimir las tres causales excepcionales (riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación/incesto), pese a que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el país.
2-Definición reducida de feminicidio y prescripción de delitos sexuales —incluido el incesto— que, según la carta, “invisibiliza agresiones graves” y deja sin efectiva protección a las víctimas.
Este cruce de mensajes familiares y legislativos desnuda las tensiones internas del gobierno: por un lado, la lógica de disciplina partidaria y jerarquía que defiende Pacheco; por otro, la autonomía moral y la presión de la sociedad civil que representa la primera dama. La controversia podría: Erosionar la cohesión en el bloque oficialista, al exhibir públicas fisuras entre el Poder Ejecutivo y su bancada en el Congreso, pero también dará impulso a la oposición, que ya critica la reforma por su retroceso en derechos básicos.
También se trata de presionar al presidente Abinader a optar por observaciones o veto parcial, ante el creciente rechazo de sectores sociales y académicos.
En última instancia, el episodio refleja un Gobierno dividido entre la defensa de su proyecto legislativo y la creciente demanda ciudadana —y hasta familiar— de salvaguardar derechos fundamentales. Será vital observar si Abinader privilegia la lealtad partidaria o la independencia de criterio que él mismo ha promovido en su casa.
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