Los errores cometidos por la Administración en su campaña de deportaciones han obligado al Gobierno a rectificar y llevar de vuelta a Estados Unidos a dos migrantes en menos de 10 días. En ambos casos, las dos personas deportadas eran beneficiarias de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), el programa que el presidente Barack Obama creó en 2012 mediante una orden ejecutiva para proteger de la deportación a quienes llegaron a Estados Unidos de forma ilegal siendo niños.
El programa mantuvo a sus beneficiarios protegidos hasta que Donald Trump inició su segundo mandato y los incluyó en la campaña de deportaciones de su Administración. Se estima que los agentes migratorios han detenido a casi 300 personas con DACA y unas 90 ya han sido deportadas. En los últimos días, un fallo judicial y la perspectiva de enfrentarse a una demanda han forzado al Gobierno de Donald Trump a retornar a dos dreamers, como se denomina a los amparados por DACA. Hay más de medio millón de personas que dependen del programa para mantener su residencia legal.
Este miércoles, Luis Roldán-Cerda cruzó el Puente Internacional de Reynosa Hidalgo para volver a su ciudad, McAllen (Texas), y se reunió con su esposa y sus dos hijos después de cinco semanas separados. “Me afectó mucho”, reconoció ante la prensa presente en el reencuentro. “Pero, más que nada, estoy agradecido de estar de vuelta con mi familia. Los extrañé muchísimo, especialmente a estos pequeños”, declaró. La pesadilla de esta familia comenzó el 17 de febrero, cuando Roldán-Cerda acudió a una cita de inmigración para tomar sus huellas dactilares y continuar un proceso de obtención de visa.
Lo que se suponía que sería un paso rutinario en su proceso migratorio se convirtió en semanas de angustia al otro lado de la frontera. En su cita fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y luego deportado a Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, en el noreste de México, en cuestión de horas.
El país en el que nació le es desconocido, ya que llevaba tres décadas sin visitarlo. Con apenas tres años de edad, fue llevado a Estados Unidos, donde construyó una vida. Trabaja como electricista, está casado y tiene dos hijos, de dos y cuatro años. “Te golpea la realidad cuando estás allá y no puedes estar con ellos”, comentó Roldán-Cerda. “Especialmente durante festividades como la Pascua. Estás tan cerca, pero no puedes correr hacia ellos y abrazarlos”, dijo ante los medios.
Su regreso a Estados Unidos y de vuelta a su vida se ha producido después de que su abogada, Wendy Rodríguez, emprendiera un procedimiento judicial que no llegó a realizarse porque la Administración dio marcha atrás. “El Gobierno se dio cuenta de que habíamos interpuesto una demanda federal. Se pusieron nerviosos porque saben que lo que hicieron no fue legal y antes de llegar a juicio, dieron la orden de regresarlo”, explica Rodríguez por teléfono.
“Me rompió el corazón”
La Administración de Trump cometió el mismo error al deportar a María Jesús Estrada Juárez, también beneficiaria de DACA. Un juez dictaminó la ilegalidad de su expulsión y obligó al Gobierno a rectificar y retornarla con una medida de urgencia. El 30 de marzo regresó junto a su hija, de 22 años, que participó activamente en una campaña para exigir su vuelta en la que se involucraron organizaciones civiles y políticos.
“Esta ha sido una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Como madre, ser separada de mi hija de esa manera —sentirme indefensa, sin saber si ella estaba bien— me rompió el corazón de un modo que no puedo describir”, declaró Estrada Juárez durante la conferencia de prensa. El 18 de febrero había acudido a una cita con el Servicio de Inmigración (USCIS) sobre el proceso para conseguir la green card, la residencia permanente. Agentes del ICE la detuvieron y en menos de 24 horas fue deportada a México, sin darle la oportunidad de consultar con un abogado.
Había llegado a Estados Unidos con 15 años y en ese país tuvo sola a su hija, con quien residía en Sacramento, California. La jueza de distrito Dena Coggins calificó la deportación de María como una “violación flagrante” de la promesa de protección de DACA. Durante meses, defensores y congresistas han alertado de la violación de las protecciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
“La historia de María es una de los cientos de historias de beneficiarios de DACA a quienes los agentes de inmigración han tomado como blanco, detenido e incluso deportado. No está de más subrayar que, a pesar de la monumental victoria de hoy, seguimos enfrentando el momento más peligroso en los 14 años de historia de DACA”, dijo la coalición de defensa Home is Here, en un comunicado.
Trump ya intentó acabar con el programa en su primer mandato, pero un fallo judicial lo impidió. En su vuelta a la Casa Blanca, con una agenda antimigración más agresiva, ha incluido a sus beneficiarios en la lista de personas a deportar. DACA se creó como una solución temporal para proteger de la deportación a quienes fueron llevados a Estados Unidos siendo niños y han construido una vida en ese país, que consideran como propio. El Congreso ha sido incapaz de aprobar una legislación amplia, como la Ley DREAM, que lleva años sin conseguir el apoyo necesario. Con DACA, sus beneficiarios tienen que renovar el permiso de trabajo cada dos años.
En la actualidad no se procesan nuevas solicitudes, pero sí se admiten las renovaciones, que se pueden hacer con 150 días de antelación. El problema surge por el retraso en procesarlas. Si el USCIS tardaba antes unas cuatro semanas, ahora se demora hasta cinco meses. En ese tiempo, los beneficiarios se quedan en el limbo, sin un permiso de trabajo y con la posibilidad de ser deportados.
El mes pasado, varios congresistas, liderados por la senadora de Nevada, Catherine Cortez-Masto, y el senador por Illinois, Dick Durbin, enviaron una carta a la ya exsecretaria del DHS, Kristi Noem, y a su sucesor, Markwayne Mullin, pidiendo que se reduzcan los tiempos de tramitación. “Los beneficiarios de DACA aportan miles de millones de dólares anuales a la economía nacional y desempeñan funciones vitales en nuestras comunidades. Las demoras administrativas en la renovación de DACA socavan no solo la estabilidad individual, sino también la resiliencia económica general”, dijeron.
Rodríguez subraya la importancia de que en los dos casos los detenidos tuvieron representación legal, algo con lo que no cuentan todos los que están arrestados. Otro beneficiario de DACA que fue deportado la contactó recientemente para intentar su regreso a Estados Unidos. Su caso es más difícil porque, sometido a presión por los agentes federales “básicamente con mentiras”, dice la abogada, le entró miedo y firmó su salida voluntaria. Rodríguez sostiene que la resolución del caso de Roldán-Cerda es relevante “porque da el mensaje de que el mismo Gobierno reconoce que hizo algo ilegal, al dar la orden de regresarlo, y alerta a los DACA de que si los llegan a detener ilegalmente, no firmen nada”.
