BOLIVIA.- Mientras en la ciudad de Santa Cruz se inició una rebelión contra el Gobierno nacional por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en la ciudad de La Paz se manifiestan diferentes organizaciones para que sea juzgado por los crímenes cometidos durante el golpe de 2019.
Finalmente, no se trataba de una de las tradicionales bromas por el Día de los Inocentes de los medios de comunicación. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por varias cuentas pendientes que tiene con la justicia boliviana.
Para el oficialismo, la detención de Camacho tendría que haberse realizado hace tiempo dada su participación en el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales (2006-2019).
El diputado Grobert Nogales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo a Sputnik que «desde 2019 el pueblo boliviano estaba esperando la detención del señor Camacho por el golpe y los hechos de sangre».
Camacho fue detenido en el marco del caso Golpe I, sobre la ruptura del orden democrático acontecido en noviembre de 2019. Por esta causa el gobernador tenía que declarar ante la Fiscalía en Santa Cruz en julio pasado, pero finalmente fue postergada porque la comisión de fiscales denunció que recibieron amenazas.
Nogales recordó que Camacho también acumula varias denuncias por delitos cometidos en el marco del paro de 36 días realizado entre octubre y noviembre pasado, que encabezó junto con el Comité Pro Santa Cruz para que el próximo censo de población y vivienda se realice en 2023. Al final, el gobernador y los cívicos —que representan a grupos empresariales y políticos de oposición al presidente Luis Arce— tuvieron que aceptar que tenga lugar en 2024.
«Durante esa movilización han causado daño económico, fundamentalmente a la población más humilde. Además, están las cuatro muertes acontecidas en los puntos de bloqueo», indicó.
En la capital cruceña comenzaron protestas radicales por parte de los que apoyan a la autoridad departamental. En la tarde del 28 de diciembre, en la ciudad de Santa Cruz se iniciaron bloqueos y tomaron instituciones del Estado. La Fiscalía departamental fue incendiada, también la casa del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) es el grupo de choque del Comité Pro Santa Cruz, cuyo presidente era Camacho durante los días del golpe de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno del presidente Arce desarticular este grupo por considerarlo parapolicial.
Luego de que un helicóptero Super Puma del Ejército se llevara a Camacho de Santa Cruz, la UJC anunció que se declaraba en rebeldía contra el Gobierno nacional, por lo cual las fuerzas armadas y policiales pasaban a considerarse «enemigos».
Mientras tanto, en la ciudad de La Paz cientos de personas esperaban la llegada de Camacho con banderas bolivianas, wiphalas y carteles que pedían su condena por su supuesta participación en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz) en noviembre de 2019, ni bien asumió la presidencia Jeanine Áñez (2019-2020), también presa por la misma causa.
Sobre las manifestaciones en La Paz para recibir a Camacho, el diputado del MAS comentó que «la gente está contenta porque quienes han cometido delitos que atentan contra el bien común tienen que ser juzgados y sancionados.
El pueblo boliviano esperaba que más antes fuera detenido, pero se cumplieron con todos los pasos para detenerlo hoy».
La detención de Camacho tuvo lugar a menos de un día después de que lanzara su mensaje de fin de año, en el cual felicitaba a la población cruceña por su desempeño durante los anteriores 36 días de paro indefinido. Asimismo, reafirmaba su compromiso de dedicarse en 2023 a la concreción de una Santa Cruz «federal», un sistema de gobierno que no está contemplado en la ley boliviana.
Para el diputado Nogales, las detenciones deben continuar porque «la gente que ha estado involucrada con Camacho en la comisión de delitos también deben rendir cuentas a la justicia».
