EDITORIAL /
Teclalibre Multimedos /
Carlos Márquez /
Llama poderosamente la atención la noticia de que Melitón Cordero, responsable de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en República Dominicana y el Caribe, se encuentra preso.
La DEA es una dependencia del Departamento de Justicia estadounidense, creada en 1973 con la responsabilidad de combatir el tráfico y consumo de drogas, así como el lavado de activos, tanto a nivel nacional como internacional. El apresamiento de su principal funcionario en el país constituye un escándalo mayúsculo que ha generado revuelo tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.
Cordero se desempeñaba como supervisor de la referida institución, nada más y nada menos que en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Había estado asignado a ese puesto durante seis años. Fue arrestado en Washington D.C. y acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas. Se le responsabiliza de haber aceptado miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener visas de no inmigrante.
Se alega que Cordero agilizó al menos 119 solicitudes de visa. De estas, al menos una era fraudulenta, y se le acusa, igualmente, de haber entrenado a los solicitantes para sus entrevistas en el consulado.
La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, tomó una medida drástica y sin precedentes: cerró la oficina de la DEA en Santo Domingo «hasta nuevo aviso». La diplomática calificó los hechos como «una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública» y dejó claro que no tolerará «ni la percepción de corrupción» en la embajada que dirige.
En tanto, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, se apresuró a aclarar que el cierre de la oficina de la DEA no tiene nada que ver con el gobierno dominicano y que se trata de una investigación interna de Estados Unidos. Hasta el momento, no hay funcionarios dominicanos implicados en el caso.
Sin embargo, el caso ha generado un debate más profundo. Algunos analistas cuestionan la versión oficial y plantean preguntas incómodas sobre cuán aislado estuvo realmente Melitón Cordero, dado que la DEA operaba codo a codo con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana, compartiendo incluso espacios físicos.
Se habla de la necesidad de que el gobierno dominicano realice su propia investigación para despejar cualquier duda y demostrar su compromiso con la transparencia. También se ha reavivado el debate sobre el tiempo que la misión diplomática estadounidense operó sin un embajador confirmado, lo que pudo haber limitado la supervisión de alto nivel.
En resumen, estamos ante un escándalo mayor que ha llevado al cierre de una oficina clave de la DEA en el Caribe y que, aunque las autoridades dominicanas no están formalmente señaladas, ha dejado muchas preguntas en el aire sobre la profundidad de la cooperación bilateral y los mecanismos de supervisión interna.

