El departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el martes la extradición a Perú del expresidente Alejando Toledo y emitió una orden para que se entregue, allanando el camino para que enfrente en su país acusaciones de corrupción vinculadas a la constructora brasileña brasileña Odebrecht.
“El gobierno está ahora en proceso de buscar la prisión preventiva de Toledo para ejecutar su entrega a las autoridades peruanas”, expresaron los fiscales en un documento escrito. “No hay otras barreras legales para la pronta entrega de Toledo”, agregaron sobre el expresidente que se encuentra en arresto domiciliario.
La decisión fue comunicada por los fiscales estadounidenses en un documento presentado ante una corte de apelaciones de California, ante la que Toledo ha pedido permanecer en Estados Unidos. Con su decisión, el secretario de Estado, Antony Blinken, ratificó la determinación de un juez de menor instancia que en septiembre de 2021 había declarado extraditable a su país al exmandatario peruano.
El expresidente está acusado de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo demandaron por confabulación y lavado de dinero y su país busca extraditarlo desde 2018. Toledo fue detenido en Estados Unidos a raíz de esa solicitud en 2019.
La decisión de Blinken fue revelada en momentos que Perú enfrenta una complicada situación política y social. Cerca de 60 personas han muerto en protestas callejeras que exigen elecciones inmediatas y la denuncia de la mandataria Dina Boluarte. La presidenta llegó al poder en diciembre, después de que el por entonces mandatario Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso y arrestado tras un intento por disolver el Parlamento para evitar una votación para su remoción del cargo.
El proceso legal en Estados Unidos ha sido prolongado.
La extradición fue certificada por el juez federal de California Thomas Hixon, pero para dilatarla Toledo presentó un habeas corpus ante otro tribunal. Otro magistrado negó posteriormente esa petición, así como una solicitud del exmandatario para permanecer en el país mientras apelaba.
El 6 de marzo hay una audiencia, fijada con anterioridad a la decisión del departamento de Estado, y no se sabe si Toledo se entregaría antes de esa fecha. Tampoco está claro si Toledo se entregará o si será detenido, ni cuándo podría ser enviado a su país.
En el documento de tres páginas que aparece en el expediente en línea del caso judicial, los fiscales dijeron que el gobierno presentará una moción ante la corte para que se revoque la prisión domiciliaria de Toledo y se ordene que permanezca en prisión con el objetivo de que sea entregado a las autoridades de Perú.
La defensa de Toledo ha expresado su intención de renovar su pedido para permanecer en Estados Unidos, pero los fiscales dijeron que seguirán oponiéndose ya que el secretario de Estado ya aprobó la extradición.
Toledo vive en California y ha alegado que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque la nación sudamericana no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con los cargos específicos, como requiere el tratado. Asegura que no hay razones para creer que haya cometido los presuntos delitos.
