Un visto bueno al cariño sin uniforme
¡Qué semana para la toga y el birrete! El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana ha decidido que la inercia no va con ellos, y con un par de sentencias ha puesto a temblar los cimientos de nuestro tinglado jurídico, institucional y legislativo. No es solo cambiar leyes, ¡es dinamitar tradiciones!
Si pensabas que el siglo XXI había llegado a todos los rincones del Estado, te equivocaste. Pero el TC, con una pizca de sensatez tardía, ha corregido una aberración que olía a naftalina.
El TC, en un acto que celebra la razonabilidad (¡aleluya!), declaró inconstitucionales el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué decían estas joyas? Básicamente, que la sodomía —entendida aquí como relaciones entre personas del mismo sexo— era un delito que te podía costar hasta un año de prisión si eras oficial.
El Estado, con su infinita sabiduría, decidió que lo más importante que hace un militar o policía no es proteger a la ciudadanía, sino con quién comparte la alcoba. ¡Prioridades claras!
Gracias a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana, esta discriminación injustificada contra las personas homosexuales dentro de las filas ha sido anulada.
¿La implicación? Se rompe una tradición arcaica que castigaba la orientación sexual. Ahora, un miembro de las fuerzas del orden podrá ser sancionado por corrupción, negligencia o faltar al servicio, ¡pero no por amar! Un paso de gigante en el siglo de las luces.
Si lo anterior fue un grito de inclusión social, la siguiente sentencia es un puñetazo en la mesa del statu quo político. Los partidos tradicionales, que viven cómodamente en su coto de caza electoral, tienen un nuevo dolor de cabeza.
El 15 de diciembre, el TC se puso el traje de la democracia real y declaró inconstitucionales los artículos 152 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral. Estos artículos, diseñados con la evidente intención de blindar el sistema, exigían que los candidatos independientes debían presentarse, obligatoriamente, a través de agrupaciones políticas «constituidas de conformidad».
Traducción libre: «Si no tienes un partido que te dé el permiso y te ponga la alfombra roja, ¡ni sueñes con aspirar!».
¿La implicación? El TC abre el camino para que un ciudadano sin el sello de un partido tradicional pueda competir por un cargo de elección popular. Esta decisión no solo obliga a modificar la Ley 20-23 (otra vez), sino que rompe con la tradición de que la política es un club cerrado donde solo entran los hijos de o los apadrinados de.
Y como si dos bombas no fueran suficientes, el Día de la Constitución (6 de noviembre) nos trajo una reflexión de la magistrada Sonia Díaz del TC: ¿No es hora de discutir el derecho al sufragio de los militares y policías?
Este tema es un clásico de la picardía política dominicana, un tabú que se agita y se guarda cada cierto tiempo.
El Argumento Tradicional: La Constitución y las leyes prohíben el voto a los miembros activos de las instituciones castrenses y policiales para garantizar su apoliticismo y neutralidad. Se busca evitar que sean instrumentalizados o que se conviertan en un actor político con capacidad de presión.
La magistrada Díaz, en su planteamiento, sugiere que este sector, que es ciudadano y cumple sus deberes, debería también gozar de sus derechos plenos.
En TeclaLibre creemos que: Habilitar el voto a más de 70,000 uniformados es, electoralmente, como soltar un lote de bonos soberanos en medio de una campaña. ¿Qué partido se beneficiaría? ¿Cómo impactaría un voto corporativo en la frágil institucionalidad? La discusión está servida, y conociendo nuestra historia, es un tema que requiere más café y menos pólvora.
El Tribunal Constitucional se ha erigido en el principal agente de cambio del país. No con leyes nuevas, sino con la cirugía de la inconstitucionalidad, con lo cual ha logrado humanizar la uniformidad, reconociendo la dignidad y los derechos sexuales de policías y militares.
Oxigenar la Política: Abriendo, por fin, una rendija para la participación cívica sin el yugo de los partidos.
Provocar el Debate: Poniendo el sufragio militar sobre la mesa, un tema explosivo que obligará a la clase política a tomar posición.
Parece que el tinglado jurídico no solo ha cambiado, sino que ha recibido una buena sacudida. Ahora queda ver si el Congreso Nacional y los partidos políticos recogerán el guante con la misma valentía o si, como de costumbre, intentarán torcerle el cuello al espíritu de estas sentencias.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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