PENSANDO PARA EDUCAR
Dentro del trillo de la intrahistoria
LA REPÚBLICA DOMINICANA y su posición en el conflicto del Medio Oriente
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando aún el humo de las ciudades bombardeadas se elevaba sobre Europa y Asia, las potencias vencedoras comenzaron a diseñar —con mapas extendidos sobre largas mesas diplomáticas— cómo sería el mundo de la segunda mitad del siglo XX.
Como suele ocurrir en la historia, los imperios que habían administrado territorios lejanos durante décadas descubrieron de repente que gobernar colonias era costoso, incómodo y, sobre todo, políticamente inconveniente en un mundo que empezaba a hablar de autodeterminación y derechos de los pueblos.
En ese contexto, Gran Bretaña, que desde el final de la Primera Guerra Mundial administraba Palestina bajo mandato internacional, anunció que abandonaría el territorio.
El Imperio británico —que había prometido muchas cosas a muchos actores distintos durante décadas— decidió que lo más prudente era entregar el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, una institución nacida en 1945 con la noble misión de preservar la paz mundial, aunque el tiempo demostraría que lograrlo sería una tarea bastante más complicada que redactar resoluciones.
La ONU recibió entonces el delicado encargo de resolver una disputa que llevaba décadas incubándose: el enfrentamiento entre dos movimientos nacionales que reclamaban la misma tierra.
Por un lado, el nacionalismo palestino árabe, que veía Palestina como su patria histórica. Por otro, el movimiento sionista, que aspiraba a establecer allí un Estado judío, proyecto alimentado por siglos de diáspora y, más recientemente, por el trauma colectivo del Holocausto.
Para estudiar el problema, la ONU creó el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP), integrado por representantes de once países. Con el loable propósito de aparentar neutralidad —virtud siempre escasa en asuntos geopolíticos— se decidió que ninguna gran potencia formaría parte del comité.
Durante meses, la comisión realizó audiencias, investigaciones y consultas. Las organizaciones judías participaron activamente en el proceso, mientras que los dirigentes árabes palestinos optaron por boicotear las deliberaciones, convencidos de que el resultado ya estaba inclinado a favor del proyecto sionista.
Finalmente, el 31 de agosto de 1947, la comisión presentó su informe.
La mayoría de sus miembros —Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Países Bajos, Perú, Suecia y Uruguay— recomendó la creación de dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional.
Australia se abstuvo, mientras que India, Irán y Yugoslavia propusieron una alternativa distinta: un solo Estado binacional donde ambos pueblos convivieran dentro de un mismo marco político.
El Plan de Partición
La propuesta mayoritaria de la comisión se transformó en lo que la historia conocería como el Plan de Partición de Palestina, que posteriormente sería adoptado como la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU.
El plan estipulaba que el mandato británico terminaría lo antes posible y que el Reino Unido se retiraría a más tardar el 1 de agosto de 1948. Los nuevos Estados comenzarían a existir dos meses después, y en ningún caso más allá del 1 de octubre de 1948.
El proyecto intentaba conciliar aspiraciones irreconciliables: dos nacionalismos que reclamaban legitimidad histórica sobre el mismo territorio. Como suele suceder cuando la diplomacia intenta dividir la historia con una regla y un lápiz, el resultado dejó a muchos inconformes.
El plan otorgaba aproximadamente el 56 % del territorio al futuro Estado judío, a pesar de que la población árabe palestina duplicaba a la judía en ese momento. Los detractores consideraron que el reparto favorecía claramente al movimiento sionista internacional.
Las organizaciones judías presentes en Palestina celebraron el plan, aunque la Agencia Judía lo aceptó con cierta cautela. Algunos líderes sionistas —entre ellos David Ben-Gurión— lo consideraron un paso táctico: un punto de partida que podría ampliarse en el futuro.
En cambio, el Alto Comité Árabe, la Liga Árabe y los gobiernos de los países árabes rechazaron el plan de forma tajante. Argumentaban que los árabes constituían cerca de dos tercios de la población y poseían la mayor parte de las tierras. Desde su perspectiva, dividir el territorio violaba el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU.
Anunciaron que tomarían todas las medidas necesarias para impedir su aplicación.
La historia, que rara vez se inclina ante las resoluciones diplomáticas, no tardó en demostrarlo.
Poco después estalló una guerra civil en Palestina, preludio del conflicto regional que comenzaría en 1948. Y al parecer no terminará nunca.
La votación histórica
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, presidida por el diplomático brasileño Osvaldo Aranha, sometió el plan a votación.
El resultado fue:
- 33 votos a favor
- 13 votos en contra
- 10 abstenciones
La resolución fue aprobada.
Curiosamente —y aquí aparece una de esas ironías habituales de la historia— el plan no incluía ningún mecanismo real para garantizar su ejecución. Era, en esencia, una decisión política sin fuerza para imponer su cumplimiento.
Aun así, la Resolución 181 se convirtió en el documento fundamental que serviría de base legal para la proclamación del Estado de Israel en 1948 y en el punto de partida del prolongado conflicto árabe-israelí que, más de siete décadas después, continúa ocupando titulares y despertando pasiones en todo el planeta.
Los países que integraban la ONU
En aquel momento la Organización de las Naciones Unidas era todavía una institución joven.
Solo 51 países formaban parte de ella, muy lejos de los 193 Estados miembros actuales.
Entre ellos se encontraba la República Dominicana, país que había ingresado a la organización como parte del bloque aliado vencedor de la Segunda Guerra Mundial.
El régimen dominicano, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, había declarado la guerra a las potencias del Eje —Alemania, Italia y Japón— al día siguiente del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, alineándose así con los Estados Unidos y los aliados.
Como resultado, al finalizar la guerra, la República Dominicana figuraba formalmente entre los países vencedores, con voz y voto en la nueva organización internacional.
La posición dominicana
Cuando llegó el momento de votar la Resolución 181, la República Dominicana se sumó al grupo de 33 países que apoyaron la partición de Palestina.
Entre esos países se encontraban, además de los Estados Unidos y la Unión Soviética —dos potencias que rara vez coincidían en algo—, varias naciones latinoamericanas, europeas y algunas del bloque socialista.
De los 20 países iberoamericanos, trece votaron a favor, seis se abstuvieron y solo uno —Cuba, bajo la presidencia de Ramón Grau San Martín— votó en contra.
Los diez países árabes o islámicos presentes en la ONU votaron unánimemente contra la resolución.
Cinco países comunistas votaron a favor, mientras que Yugoslavia optó por abstenerse.
El mundo entonces y el mundo ahora
En aquel momento el planeta estaba apenas iniciando el proceso de descolonización, especialmente en África y Asia. El sistema internacional estaba lejos de la compleja red de estados actuales.
Pero ya se vislumbraban las líneas de fractura que dominarían la segunda mitad del siglo XX: la Guerra Fría, los movimientos nacionalistas y las disputas territoriales heredadas de los imperios coloniales.
En ese tablero mundial, la votación sobre Palestina se convirtió en uno de los momentos fundacionales del nuevo orden internacional.
Conclusión
La República Dominicana apoyó la creación del Estado de Israel. Al votar a favor de la Resolución 181, firmó —junto a otras naciones— lo que puede considerarse simbólicamente el acta de nacimiento del nuevo Estado.
Desde entonces han transcurrido más de setenta y ocho años, durante los cuales ha existido una relación cordial entre el pueblo dominicano y el pueblo judío.
Sin embargo, los vínculos entre ambos pueblos no comienzan en 1947. Son mucho más antiguos.
La historia dominicana recuerda que Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria, era hijo de Juan José Duarte, comerciante de origen sefardita.
Y también recuerda que uno de los primeros apoyos materiales a la lucha independentista dominicana provino de Abraham Cohen, comerciante judío radicado en Curazao, quien facilitó recursos para adquirir el barco con el cual los patriotas dominicanos enfrentarían a las tropas haitianas en los años iniciales de la República. Además de dinero para la compra de armas con las que se venció a los haitianos durante doce años de batallas continuas (1844-1856).
Es decir, los lazos no son circunstanciales: tienen raíces profundas en la historia. Lazos de agradecimiento patrióticos con la judería internacional.
Por ello, cuando se observa el complejo conflicto del Medio Oriente desde la perspectiva dominicana, la memoria histórica recuerda que la nación caribeña participó en el nacimiento diplomático del Estado de Israel y que, desde entonces, existe entre ambos pueblos una relación que se extiende más allá de la política contemporánea.
Porque la historia —con su habitual ironía— suele recordarnos que las decisiones tomadas en una sala de votaciones, a miles de kilómetros de distancia, pueden terminar formando parte del destino de naciones que jamás imaginaron verse vinculadas por ellas.
