El Departamento de Seguridad Nacional ha pausado recientemente la compra de almacenes para convertirlos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según han reportado altos funcionarios que prefieren mantenerse anónimos a medios estadounidenses. El plan de adquisiciones fue diseñado por el departamento mientras lo dirigía la ya exsecretaria Kristi Noem y el objetivo era duplicar el número de camas disponibles para los detenidos como parte de la campaña de deportaciones de la Administración de Donald Trump.
Si en enero de 2025, cuando el republicano tomó posesión, había unos 40.000 migrantes detenidos, la cifra supera ahora los 70.000, un récord histórico, y la intención de continuar aumentando los arrestos es inviable si no hay donde alojarlos. La paralización de las adquisiciones es una de las primeras medidas del departamento desde que tomó el mando Markwayne Mullin, sucesor de Noem. “Como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”, ha declarado el departamento.
Además de la pausa en las compras previstas, que fue adelantada por la cadena NBC, también se van a revisar algunas de las ya realizadas, según las fuentes del departamento. Después de que un juez paralizara la construcción de un centro en Williamsport, en Maryland, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) va a reconsiderar el proyecto y prevé realizar un estudio de impacto medioambiental, según adelantó el medio local The Baltimore Banner, antes de seguir las obras. El juez federal de distrito Brendan Hurson paralizó el proyecto el mes pasado, a petición del Estado de Maryland, y ha dado de plazo hasta el 17 de abril para que ambas partes presenten sus argumentos.
Mullin ha heredado un presupuesto de 38.300 millones de dólares destinado a aumentar la capacidad de detención hasta las 92.000 camas mediante la adquisición de ocho centros de detención a gran escala —capaces de albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos cada uno— y 16 centros regionales de procesamiento de menor tamaño. Hasta la fecha, el Gobierno ha comprado 11 almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Utah, con un gasto combinado por parte del Gobierno federal de 1.074 millones de dólares.
Oposición popular
El plan de convertir almacenes en centros de detención fue muy polémico desde el comienzo. Además de la negativa de algunos propietarios a vender sus instalaciones al ICE, los planes se han topado con la oposición de las comunidades y las autoridades de los lugares elegidos, lo que ha obligado a reevaluar los proyectos de la Administración. Al menos ocho compras se han visto frustradas por el rechazo social y político. En algunos casos, los motivos son morales: los ciudadanos se oponen a las condiciones inhumanas en las que se mantiene a los migrantes en los centros, hacinados en espacios pequeños, alimentados con comidas en mal estado y sin acceso a una atención médica adecuada. Las dudas son mayores si se piensa que los almacenes que se quieren rediseñar fueron construidos para guardar mercancías, no para alojar personas.
En otros casos, la preocupación es que las infraestructuras no sean suficientes para alojar a los detenidos y absorban recursos en perjuicio de los residentes, que boicotean los planes de la Administración. Así ha pasado en la localidad de Social Circle, en Georgia. A pesar de que los residentes de este pueblo votaron mayoritariamente por Trump, los planes de convertir un almacén en un centro del ICE han encontrado una fuerte oposición. El alcalde, Eric Taylor, incluso cortó el suministro del agua en el almacén para impedirlo. El de Social Circle es uno de los megacentros donde se pensaba alojar a hasta 10.000 detenidos.
El DHS también está reevaluando la capacidad de algunos centros. Así ha sido en Surprise, Arizona, donde un almacén se iba a reconvertir en un centro de procesamiento de 1.500 camas. El alcalde, Kevin Sartor, anunció la semana pasada que el DHS planea ahora que sea de 542 camas.
Negocio lucrativo
La campaña de detenciones masivas impulsada por la Administración Trump ha proporcionado un lucrativo negocio a las empresas que gestionan los centros del ICE, principalmente CoreCivic y el GEO Group. Varios senadores demócratas han iniciado una investigación para determinar si contratistas gubernamentales, agentes inmobiliarios y propietarios de inmuebles están obteniendo beneficios por corrupción en la habilitación de los almacenes como centros para detener migrantes.
El representante demócrata de Maryland Jamie Raskin, miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, arropados por 52 miembros del Congreso de Estados Unidos, enviaron una carta a seis empresas instándolas a explicar cuánto esperan ganar con estos nuevos almacenes de detención y cuáles han sido sus gestiones para conseguir estos lucrativos contratos gubernamentales, entre otros detalles.
“Estos almacenes fueron construidos para almacenar productos, no personas… Dadas las graves inquietudes de la opinión pública respecto a este sistema de almacenes, solicitamos respuestas prontas a las preguntas relativas a su participación en dicho sistema”, escribieron los legisladores.
Los congresistas afirman que el ICE está utilizando un programa de contratación de la Marina, desviando recursos del Departamento de Defensa, para eludir el proceso de licitación competitiva y evitar la divulgación de detalles contractuales que, por lo general, se harían públicos. Como ejemplo citan que el ICE pagó 129 millones de dólares por el almacén de Social Circle, una suma que representa casi cinco veces el valor en el que dicha propiedad fue tasada un año antes. Los detalles de algunas de estas transacciones se han mantenido en secreto, incluso mediante el uso de acuerdos de confidencialidad.
Además, hacen referencia a que algunos altos funcionarios de la Administración Trump mantienen estrechos vínculos con los contratistas. Como ejemplo, mencionan a David Venturella, que dirige actualmente la división del ICE encargada de supervisar los contratos de detención, puesto al que ha accedido tras dejar el GEO Group, uno de los principales gestores de los centros. Los legisladores también hacen referencia al pasado como lobista de GEO de la ex fiscal general Pam Bondi y a las informaciones que apuntan a que supuestamente Tom Homan, el zar de la frontera, y Corey Lewandowski, ex asesor de Donald Trump y del DHS, ayudaron a asegurar contratos con el fin de enriquecerse personalmente.
Los legisladores solicitaron a los contratistas y a las empresas inmobiliarias que, a más tardar el 13 de abril, proporcionen información clara sobre los siguientes puntos: su participación en la expansión de los almacenes, los márgenes de beneficio que esperan obtener de dicho proyecto, si han realizado donaciones a la campaña de Trump o a funcionarios de su gabinete y si se comprometen a no permitir que su trabajo sea utilizado para propiciar condiciones inhumanas en estos centros de detención.
En una declaración por correo electrónico a EL PAÍS, Ryan Gustin, director de Relaciones Públicas de CoreCivic, una de las empresas a las que han enviado la carta, ha dicho que “CoreCivic no participa en ninguno de los esfuerzos mencionados en la carta”.
