-Lula a Trump: “Las visas no tuercen la Justicia brasileña”-
El gobierno de Donald Trump revocó o suspendió visas a Alexandre de Moraes y a otros magistrados del Supremo Tribunal Federal que llevan el caso por intento de golpe contra Jair Bolsonaro. Lula calificó la medida de “arbitraria”, “infundada” e “inaceptable” injerencia extranjera en el Poder Judicial brasileño, elevando la tensión bilateral en plena amenaza de aranceles del 50% a las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos.
Brasil y Estados Unidos entraron en zona de turbulencia diplomática. Tras anunciar restricciones y revocaciones de visas contra el juez Alexandre de Moraes —figura clave en el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro, y “sus aliados” en la Corte, Washington extendió la medida a la mayoría de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), según reportes en Brasilia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con dureza el sábado 19 de julio: la decisión de la Administración Trump es “arbitraria”, “sin fundamento” y constituye una “injerencia inaceptable” en el sistema de justicia de su país.
¿Qué hizo Washington? El secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación de la visa de Moraes, su familia y “aliados” en el STF, alegando una “caza de brujas” y “persecución y censura” contra Bolsonaro.
¿Alcance mayor? Fuentes en Brasil reportan que hasta ocho de los once ministros del STF, y el procurador general Paulo Gonet, fueron notificados de suspensión o revocación de sus visas estadounidenses; la lista oficial no se publicó.
Reacción de Lula: Califica la medida de “arbitraria” e “infundada”; dice que ninguna amenaza externa comprometerá la defensa del Estado Democrático de Derecho.
El STF impuso a Bolsonaro tobillera electrónica, restricciones de movimiento, veto a redes sociales y contacto con diplomáticos extranjeros mientras avanza el juicio por intentona golpista tras su derrota electoral de 2022.
Trump ató públicamente un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas a que se detenga lo que llama “caza de brujas” contra Bolsonaro, abriendo un frente comercial y político.
El viernes 18 de julio, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, informó que se revocaba la visa del ministro Alexandre de Moraes —quien instruye parte clave del proceso contra Bolsonaro— así como las de su entorno y “aliados” en la Corte. La medida, con efecto inmediato, se justificó como respuesta a una supuesta “caza política de brujas” y a un “complejo de persecución y censura” que, según Rubio, trasciende las fronteras de Brasil y afecta a estadounidenses.
Aunque Washington no divulgó listado completo, reportes en medios brasileños señalan que las cancelaciones o suspensiones de visas alcanzaron a otros siete ministros del STF además de Moraes; también habría sido afectado el procurador general Paulo Gonet. Autoridades brasileñas dijeron que los directamente impactados serían notificados por correo electrónico.
En un comunicado divulgado el sábado 19 de julio, Lula expresó solidaridad con los magistrados y afirmó que ningún tipo de intimidación externa desviará a las instituciones brasileñas de su misión de preservar el Estado Democrático de Derecho. Señaló que la interferencia de un país en el sistema de justicia de otro viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones.
Bolsonaro bajo la lupa La respuesta de Lula llega mientras el STF endurece medidas contra Jair Bolsonaro: tobillera electrónica, restricciones nocturnas, prohibición de usar redes sociales, de acercarse a embajadas o comunicarse con coacusados —incluido su hijo Eduardo, hoy pieza clave en el lobby pro-Bolsonaro en Washington. Las medidas se inscriben en el juicio por presunto intento de golpe tras la derrota de Bolsonaro en 2022, que desembocó en el asalto a los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.
Trump ha abrazado la narrativa de “persecución” a su aliado brasileño y amenazó —luego formalizó— imponer un arancel del 50% a productos brasileños si no cesa el proceso judicial. Analistas ven riesgo de que la coerción fortalezca a Lula domésticamente: encuestas ya mostraban rechazo popular a la guerra arancelaria, y el discurso soberanista suele aglutinar apoyos en Brasil cuando un actor externo intenta dictar la agenda interna. (Dato de rechazo a los aranceles reportado en cobertura sobre el debate en Washington.)
Soberanía judicial como bandera regional. La reacción de Lula ofrece a gobiernos latinoamericanos —de izquierda, centro o derecha— un libreto común: “no nos dicten sentencias desde afuera”. En foros como CELAC y UNASUR podría emerger una declaración de respaldo a la independencia judicial brasileña; ya hay diplomáticos sondeando lenguaje de consenso, según reportes en Brasilia y notas de prensa regionales sobre la escalada. (Inferencia a partir de la respuesta de Lula y la amplitud de la medida estadounidense; ver reportes citados arriba.)
El 50% amenazado por Trump reabre una vieja caja de Pandora: el uso de instrumentos comerciales para fines políticos extraterritoriales. Si se materializa, Brasil podría redirigir parte de sus flujos exportadores (soya, carne, aeronáutica) hacia Asia y socios BRICS+, acelerando procesos de des-dolarización y acuerdos en monedas locales que ya estaban en conversación. (Análisis propio apoyado en la amenaza arancelaria reportada en fuentes citadas.)
El trasfondo inmediato de la ira trumpista es la cruzada de Moraes contra desinformación y órdenes de bajar cuentas —incluidas plataformas usadas en territorio estadounidense— lo que Washington invoca como censura extraterritorial. Ese choque de jurisdicciones digitales anticipa litigios mayores sobre qué juez puede ordenar qué en redes globales.
Relevancia para el Caribe y República Dominicana ¿Por qué importa en Santo Domingo?
Una guerra arancelaria EE. UU.–Brasil puede desviar flujos agrícolas y cárnicos; precios de soya, maíz y carne brasileña (insumos para alimentación animal en RD) podrían fluctuar si Brasil busca mercados alternos o si EE. UU. encarece importaciones que terminan reexportándose. (Análisis inferencial basado en posible impacto de aranceles del 50% reportados; monitorear datos de comercio agroalimentario).
Si Brasil impulsa una resolución contra injerencias judiciales, la diplomacia dominicana tendrá que posicionarse; el precedente podría invocarse en disputas futuras (p. ej., sanciones extraterritoriales financieras). (Inferencia a partir de la postura de Lula y la escalada diplomática reportada en fuentes citadas).
El caso alimenta debates sobre independencia judicial vs. presión política externa, tema sensible en la región. Las declaraciones de Lula con su respaldo al Estado de Derecho frente a amenazas externas, ofrecen citas útiles para actores políticos dominicanos en disputas locales sobre soberanía institucional.
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