-El «negocio de la seguridad»: sobornos, contratos y militares al servicio del botín público-
Por Redacción Teclalibre
¡Y después se quejan de la desconfianza! El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, dueño de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), confesó –a través de su abogado Carlos Balcácer– que durante años repartió sobornos como quien lanza confeti en carnaval, todo para asegurarse contratos de seguridad en instituciones públicas como las distribuidoras de electricidad (EDE), el seguro estatal Senasa y el Inaipi, que se supone vela por la infancia.
Según la versión de la defensa, el Estado «no perdió ni un peso», pero el verdadero afectado fue el propio Rodríguez González, a quien presentan como víctima de una estructura de extorsión oficial que le exigía un 10 % mensual del monto facturado como peaje para seguir haciendo negocios. ¡Pobre Quilvio! Solo perdió millones para poder seguir ganando millones.
Pero el Ministerio Público (MP) no ve las cosas con tanta compasión. Según su expediente, ya hay identificados más de 108 millones de pesos en sobornos que habrían ido a parar a los bolsillos de nueve imputados, entre ellos ocho altos oficiales militares. A cambio del “aceite”, a don Quilvio le abrían todas las puertas burocráticas que otros empresarios honrados encontraban cerradas. Así sí es fácil ser competitivo.
Encabeza la lista de los acusados el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, junto a los coroneles Andrés Pacheco Varela (FARD) de Edenorte, Luis Ernesto Vicioso Bocio de Edeeste, Francisco Guarín Fernández del Inaipi y Elías Caamaño Pérez de Senasa.
Y no faltan otros protagonistas: el coronel Yorbyn Eduardo Aybar, el teniente Wellington Peralta Santos, el coronel policial Ramón Quezada Ortiz, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, este último señalado como receptor de 35.3 millones de pesos, algunos de ellos transferidos –muy generosamente– a las cuentas de su esposa y otros familiares.
Lo más insólito del caso es que todas las instituciones implicadas cuentan con departamentos internos de seguridad, pero, aun así, contrataron empresas privadas para lo mismo. Es decir: el Estado pagaba por duplicado, mientras los jefes de seguridad cobraban por debajo.
El MP ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los implicados y que el caso se declare complejo. La audiencia fue aplazada para el próximo lunes, a petición de los abogados defensores, que alegan necesitar tiempo para estudiar un expediente que, por lo visto, huele más a «manual de corrupción institucional» que a proceso judicial común.
En resumen, lo que debía ser protección de bienes públicos, terminó siendo una red de autoprotección de bolsillos privados. La seguridad, en este caso, no era para el Estado… era para mantener seguro el negocio.
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