Exasesor de Abinader y exfuncionario municipal enfrentan juicio en EE. UU. por narcotráfico
Fabio Augusto Jorge Puras, exasesor del presidente Luis Abinader para asuntos de zonas francas hasta mayo del pasado año, se encuentra bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, donde deberá enfrentar un proceso judicial acusado de tráfico internacional de drogas desde la República Dominicana.
Jorge Puras figura en la misma acusación presentada por fiscales federales ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la que también está imputado Gaspar Antonio Polanco, exdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Según los documentos judiciales, Polanco —identificado por los organismos de seguridad estadounidenses con el alias “El Grande” y quien además fue escolta del expresidente Hipólito Mejía— habría operado en coordinación con Jorge Puras para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, en violación de las leyes federales de narcóticos de Estados Unidos.
Operaciones entre RD y Colombia
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), la estructura criminal atribuida a ambos acusados operó al menos entre los años 2019 y diciembre de 2020, con ramificaciones en Colombia y la República Dominicana, utilizando rutas internacionales para el trasiego de estupefacientes.
El juicio contra Jorge Puras y Polanco está programado para iniciar el 23 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, ante el magistrado Ed Artau, en la División de West Palm Beach.
De ser hallados culpables, ambos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua, conforme a la legislación federal estadounidense.
Ruptura con el Gobierno y el béisbol
Tras publicarse el 14 de octubre pasado que estaba siendo investigado por la DEA, Jorge Puras solicitó una licencia temporal como miembro del consejo de administración del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas.
Posteriormente, al confirmarse la magnitud de las labores de inteligencia en su contra, el Gobierno dominicano dispuso su desvinculación formal como asesor presidencial mediante el decreto 273-25, emitido el 23 de mayo.
En ese contexto, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, informó en octubre que la institución dominicana venía colaborando con la DEA desde mediados de 2025 en la investigación contra Jorge Puras.
Un patrón que se repite
El caso de Jorge Puras se suma a otros procesos judiciales en Estados Unidos que han involucrado a ciudadanos dominicanos con vínculos políticos cercanos al actual Gobierno.
El primero fue el del exdiputado Miguel Gutiérrez, quien fue arrestado en 2021 mientras ocupaba una curul en el Congreso Nacional por el PRM y posteriormente condenado a 16 años de prisión por narcotráfico.
Más recientemente, el regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, también electo por el PRM, fue sentenciado el 30 de enero a siete años de cárcel por delitos similares.
Estos casos han reavivado el debate público sobre los filtros éticos, los controles institucionales y la penetración del narcotráfico en estructuras políticas y administrativas del Estado dominicano.
Más allá de los nombres propios y de la contundencia de los expedientes judiciales en Estados Unidos, el caso Jorge Puras–Polanco vuelve a dejar una pregunta incómoda flotando en el aire político dominicano: ¿quién filtra a los filtradores?
No se trata de culpas heredadas ni de juicios mediáticos anticipados, sino de responsabilidades políticas que no prescriben con decretos ni licencias temporales.
Cuando funcionarios, asesores o dirigentes electos terminan sentados en el banquillo de cortes federales por narcotráfico, el problema deja de ser individual y se convierte en sistémico. Algo falla —o se tolera— en los mecanismos de selección, supervisión y control del poder. Y no basta con “desvincular” cuando el daño ya está hecho.
La reiteración de estos casos erosiona la credibilidad institucional, mina la confianza ciudadana y coloca al país bajo una lupa internacional nada halagadora. La política no puede seguir reaccionando después del escándalo, como si el problema naciera el día que la DEA toca la puerta.
En TeclaLibre lo decimos sin rodeos:
si el Estado no afina sus filtros, el narcotráfico seguirá afinando sus alianzas.
Y entonces, más que juicios en el extranjero, lo que estará en juego será la decencia del poder en casa.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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