Por Leonel Fernandez Reina
De manera acelerada, el miércoles de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó mediante resolución, la extensión del contrato de concesión suscrito por el Estado dominicano con AERODOM.
Eso ocurrió a pesar de que previamente se había incumplido con el debido procedimiento establecido en el reglamento de la cámara baja. El informe de la Comisión Especial AERODOM fue aprobado sin la presencia de la oposición; y fue rechazada la solicitud de que el contrato volviese a la comisión para fines de estudio.
La extensión del contrato se realizó con siete años de anticipación a su fecha de terminación, por un período adicional de 30 años, que se extenderá hasta el 2060. De esa manera, AERODOM, una subsidiaria de la empresa francesa, Vinci Airports, tendrá el control, la administración y los ingresos de los seis aeropuertos propiedad del Estado dominicano, por los próximos 37 años, o lo que es lo mismo, durante los siguientes nueve períodos de gobierno.
Naturalmente, todo eso inició cuando el presidente de la República y candidato a la reelección anunció al país, desde el Palacio Nacional, la extensión del referido contrato de concesión, previsto para concluir en el 2030, a cambio de una generosa contribución de 775 millones de dólares que el gobierno invertirá en su proyecto reeleccionista.
Al hacerse así, es evidente que los recursos que AERODOM-Vinci entregue al Estado como canon o prepago para destinarlos a obras directas, significará menor inversión en el desarrollo de los aeropuertos.
El jefe del Estado afirmó que el contrato original no generaba beneficios para el Estado dominicano. Esa es una afirmación equivocada; y esto así porque no comprendió que el beneficio de ese tipo de contrato de concesión está con relación al programa de inversiones que se realicen en infraestructuras aeroportuarias, las cuales están en proporción a los ingresos recibidos por el gestor aeroportuario.
Al desnaturalizar el propósito del contrato de concesión y tomar prestado de los aeropuertos 775 millones de dólares por adelantado, el presidente puso freno al futuro desarrollo de las infraestructuras que sirven de base al flujo internacional de pasajeros que circulan por el país.
Una concesión bajo licitación
La concesión de los aeropuertos estatales en 1999 se correspondió con los planes de mejora de la infraestructura y servicios aeroportuarios requeridos por la necesidad de superar el atraso y deterioro de la planta física y los servicios brindados en aquellos tiempos.
En agosto de 1998, el Estado dominicano convocó a una licitación pública internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de cuatro aeropuertos internacionales.
Durante ese procedimiento de selección de contratistas participaron grupos privados conformados por empresas extranjeras y dominicanas, los cuales presentaron sus ofertas ante un comité de observadores y ante un comité técnico ampliado.
A partir de la evaluación de las ofertas presentadas, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (AERODOM) resultó ser la entidad ganadora de esa licitación; y por consiguiente, la que logró suscribir un contrato de concesión aeroportuaria con el Estado dominicano, por un periodo de 20 años, el cual fue posteriormente ampliado hasta llegar a 30 años.
A diferencia del proceso original de adjudicación del contrato de concesión aeroportuaria que, como acabamos de ver, se hizo mediante licitación pública internacional, sin que hubiese una ley de compras y contrataciones que obligase a hacerlo, la actual renovación del contrato, sin embargo, se hizo de grado a grado.
Una ley macabra
Para hacer eso, se realizó una maniobra maliciosa en virtud de la cual se hizo aprobar, pocos días antes del anuncio de la renegociación de la concesión, la ley 66-23, cuyo objetivo consiste en establecer un marco normativo que de manera transitoria regule la renovación y modificación de los contratos de concesión suscritos con anterioridad a la Ley no. 340-06, del 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
El contrato original, como se ha dicho, fue sometido a una licitación pública internacional. Lo más lógico, por consiguiente, es que un gobierno que se vanagloria de considerarse a sí mismo como estandarte de la transparencia, al proceder a una renegociación de dicho contrato, hiciese lo mismo.
Pero no ha sido así. El gobierno ha procurado esquivar la realización de una licitación pública. Sin embargo, para no ser acusado de violar la ley, crea una nueva, cuyo propósito exclusivo es el de modificar el contrato de concesión aeroportuaria de AERODOM, sin convocar a una licitación pública internacional.
En su momento, los congresistas de oposición de alguna manera se imaginaron lo que se estaba urdiendo en la sombra. Por eso, con razón, pidieron más claridad sobre los detalles de la iniciativa y exigieron un listado de los contratos que serían modificados tras la ejecución de la nueva ley.
La respuesta, sin embargo, fue el silencio. En verdad, no había más que un contrato que mostrar: el de AERODOM. Pero en ese momento no se podía decir, a pesar de tener un año en proceso de negociación. Era alto secreto de Estado. Estaba reservado para que únicamente lo pudiese dar a conocer el presidente de la República.
Y así lo hizo. Urgido de acceder a recursos para financiar su campaña reeleccionista, no podía perder tiempo, ni en comisión especial alguna, ni convocando a vistas públicas, ni en licitaciones, ni en nada que pudiera implicar un estorbo para lograr su objetivo supremo: recursos para la reelección. El próximo paso será que se incorpore dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado. AERODOM. ¡Reelección!
Eso es todo. Y nada más.
