-FP arremete contra el «oscurantismo» en los combustibles y exige cuentas al Gobierno-
El partido Fuerza del Pueblo (FP) ha puesto el grito en el cielo ante las recientes alzas en los precios de los carburantes, calificando de “preocupante” la falta de claridad en el manejo de las tarifas. Daniel Toribio, secretario de Finanzas de la organización, denunció que la metodología aplicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) es, en la práctica, una caja negra para el consumidor dominicano.
Toribio, quien fuera ministro de Hacienda, cuestionó la narrativa oficial de los subsidios millonarios. Según el dirigente, no existe una regla pública que permita verificar cuándo se aplican estas ayudas o bajo qué criterio se decide cargar el aumento al bolsillo del ciudadano.
“El país tiene derecho a saber cuál es el criterio técnico. Sin reglas claras, solo se genera incertidumbre”, sentenció Toribio.
El punto más crítico de la denuncia recae sobre una promesa de campaña que parece haber quedado en el olvido: la modificación de la Ley de Hidrocarburos 112-00. Toribio recordó que, aunque el presidente Luis Abinader envió un proyecto al Congreso en 2021, la iniciativa duerme el «sueño de los justos» sin que se haya revisado la estructura de costos.
Dice que el esquema de referencia de 2022 (petróleo WTI entre $85 y $115) no se aplica de forma consistente. Acusa al Gobierno de usar subsidios «a dedo» que impiden entender la paridad de importación.
La FP advierte que esta opacidad encarece directamente la canasta básica y el transporte, golpeando el presupuesto familiar.
Para la principal fuerza opositora, la demanda es simple: que se publiquen periódicamente todos los componentes del precio, desde los márgenes de beneficio hasta los impuestos, para que el ciudadano sepa exactamente qué paga y por qué lo paga.
La arremetida de la Fuerza del Pueblo no es solo un reclamo económico, sino un golpe político directo a la línea de flotación de la narrativa de «transparencia» del actual Gobierno.
El costo político de la gasolina: Históricamente, el precio de los combustibles es el termómetro de la paz social en República Dominicana. Al señalar que el Gobierno no ha cumplido con la reforma de la Ley 112-00, la FP posiciona a la administración de Abinader como «continuista» de un sistema que ellos mismos criticaron siendo oposición.
La trampa del WTI: El argumento de Daniel Toribio sobre la inconsistencia de los márgenes del petróleo WTI pone en evidencia una debilidad técnica: si el precio del crudo baja o se mantiene, pero el combustible no refleja esa realidad en la bomba, el discurso del subsidio pierde credibilidad frente al electorado.
¿Transparencia o discrecionalidad?: El uso de subsidios permite al Gobierno controlar la inflación a corto plazo, pero a un costo alto: la opacidad. Al no haber una fórmula matemática pública y automática, el precio se convierte en una decisión política semanal, lo que deja espacio para que la oposición alimente la percepción de arbitrariedad.
En conclusión, la FP ha identificado que el bolsillo es el órgano más sensible del votante. Mientras el Gobierno no ejecute la prometida reforma estructural a la ley de hidrocarburos, seguirá expuesto a estas denuncias que, más allá de los números, buscan desgastar la confianza en la gestión económica del PRM.
Redaccion de TeclaLibre
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