BOGOTÁ.- La pelea entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se inició el pasado 26 de abril por unos cuestionamientos realizados en la cuenta de Twitter del mandatario y que escalaron este viernes 5 de mayo. El jefe del ente judicial dijo que estudiará interponer una denuncia en contra de Petro.
El 26 de abril el presidente compartió una denuncia del portal web La Nueva Prensa en la que se afirma que el fiscal Daniel Hernández habría encubierto una serie de asesinatos perpetrados por el Clan del Golfo. El fiscal Francisco Barbosa afirmó que la publicación pone en riesgo a Hernández y a su familia.
Este viernes 5 de mayo, el presidente respondió desde España que como jefe de Estado es también el jefe de Barbosa. Las declaraciones llevaron a una pelea en la que el fiscal le dijo al mandatario que “no fue elegido dictador”. Petro reafirmó lo dicho desde España por medio de su cuenta de Twitter.
El mandatario compartió en sus redes sociales el artículo 115 de la Constitución que dice que el presidente es el “jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.
Consultados los reconocidos juristas José Gregorio Hernández y Juan Manuel Charry para conocer qué dice la Constitución en relación con la pelea del presidente y el fiscal general. Ambos abogados coinciden en que el presidente malinterpreta el concepto de jefe de Estado.
Para el abogado Hernández, que estuvo en la Corte Constitucional entre los años 1992 y 2001, “la separación de poderes y el equilibrio entre las ramas del poder público dicen que, no por ser el jefe del Estado, se convierte en jefe de los otros órganos y ramas del poder público. Por ejemplo, no es autoridad del Congreso ni de la Corte Constitucional, ni de la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el abogado Charry, que es especialista en derecho constitucional y ha sido decano de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, asegura: “Las ramas del poder público son autónomas e independientes, eso quiere decir que una no manda a la otra y funcionan separadamente y deben colaborarse armónicamente”.
Hernández añade que eso significaría romper el principio democrático del equilibrio entre quienes ejercen funciones públicas. Por otro lado, asegura que el presidente, así como cualquier otro ciudadano, puede preguntarle al fiscal por investigaciones que son de interés nacional.
Además, dice que el fiscal no se debe considerar irrespetado por el hecho de que a él se le pregunte por las investigaciones, “ya sea el presidente de la república, el ministro de Justicia, o cualquier persona que le pregunte por lo que pasó con esos procesos que se están llevando”.
El jurista Hernández recuerda que al presidente solo lo puede juzgar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y asegura: “El fiscal también se equivoca cuando asume una actitud de control político sobre el presidente de la república porque a él no le compete; tampoco el control jurídico”.
Frente a esto último, Charry comparte que el fiscal no tiene potestad para juzgar el actuar del presidente. Además recuerda que, por ejemplo, en el caso del proceso 8.000 en contra del entonces presidente Ernesto Samper sí hubo fiscales en las investigaciones, pero cumplían una labor distinta.
“Digamos: pueden colaborar con la Comisión de Acusaciones investigando otros delitos de otras personas relacionados con la posible irregularidad del presidente”, sentencia Charry.
Ambos juristas coinciden, al igual que lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, que el fiscal Barbosa no tiene superior jerárquico. Sin embargo, en caso de que debiera ser investigado, esto le compete al Congreso, que también es el órgano que podría investigar al presidente.
GUSTAVO PETRO ACEPTA Y RECONOCE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que «acepta» el llamado de la Corte Suprema y reconoció la independencia de la Fiscalía General de la Nación, pero advirtió que no «guardará silencio» sobre las denuncias presentadas, en un comunicado divulgado en Lisboa.
«Acepto el llamado de la honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias», señaló el comunicado de Petro, en visita de trabajo en la capital lusa, sobre publicaciones de la prensa con relación al asesinato de 200 personas por el Clan del Golfo.
«Grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública», agregó.
El gobernante colombiano respondía así además a la polémica surgida tras afirmar que él es el jefe del fiscal general, Francisco Barbosa, quien a su vez anunció que su familia saldrá del país por seguridad en medio de una confrontación por las reservas del funcionario sobre las decisiones del jefe del Estado relacionadas con su política de paz total.
«Es verdad que, en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley», aceptó el presidente. Petro dijo que el deber de la Fiscalía es informar al jefe del Estado sobre las investigaciones en marcha y, de lo contrario, «no solo le está faltando al respeto al presidente, sino que está violando la Constitución».
Gustavo Petro se reunió este sábado con el primer ministro portugués, el socialista António Costa, y será recibido el 7 de mayo por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de concluir su visita de trabajo de dos días a Lisboa.
