El Gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha endurecido la política de seguridad para hacer frente a las pandillas en el país, medidas que a menudo se comparan con las aplicadas por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.
El pasado domingo, Castro emitió toques de queda para los municipios de San Pedro Sula y Choloma, en el departamento de Cortés, al norte del país.
La medida se impuso luego de un sangriento fin de semana que dejó al menos 21 muertos, 13 de ellas fueron víctimas de una masacre al interior de un billar en el barrio Victoria, en Choloma. Estas muertes violentas se las atribuye el Gobierno al narcotráfico.
En Choloma el toque de queda tiene una carácter «especial» y se aplica desde las 09:00 de la noche y las 04:00 de la madrugada; mientras que en San Pedro Sula la medida regirá desde el 4 de julio. La restricción fue impuesta por 15 días, que pueden ser prorrogados.
Además, Castro, replicando el estilo de Bukele, ordenó el inicio de la «Operación Candado Valle de Sula», dirigida por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Con ello, la mandataria dispuso múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes. Aparte de ello, la presidenta anunció una recompensa de 800.000 lempiras (32.364 dólares) para quienes faciliten las capturas de asesinos involucrados en las masacres de Choloma y San Pedro Sula.
Parte del país, concretamente 123 de los 298 municipios, está bajo un estado de excepción desde el 6 de diciembre del año pasado para combatir a las pandillas. La medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas el pasado 21 de mayo, cuando se extendió por 45 días más, hasta el 5 de julio.
Una vez dada la orden presidencial, se comenzaron a ver las primeras imágenes de las acciones llevadas a cabo en la «Operación Candado Valle de Sula».
El lunes, Sánchez informó sobre la captura de uno de los supuestos responsables de muerte múltiple en Choloma. Se trata de alias ‘Bad Face’, quien sería miembro de ‘Barrio 18’, a quien se le incautó un chaleco rotulado con información de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y un arma 9 milímetros (mm), vinculada a la escena del crimen.
Este martes, el funcionario notificó sobre la captura de otros dos supuestos miembros de la pandilla ‘Barrio 18’, que también habrían participado en el crimen de Choloma.
«Se incautó Mini Uzi y una pistola calibre 45 mm. Con estos, ya son tres los autores materiales detenidos por ese lamentable incidente. Recuperaremos la paz que los hondureños merecen», dijo Sánchez.
En un video, también publicado en Twitter por este funcionario, se puede observar a policías quitando un portón que presuntamente había sido colocado por supuestos miembros de estructuras criminales para prohibir el paso en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.
Pero el operativo no se limita a Choloma y San Pedro Sula. De acuerdo con información de la Secretaría de Estado de Defensa Nacional, militares y policías llevan a cabo acciones en barrios y colonias del Distrito Central, conformado por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
También se inició un fuerte operativo en los centros penitenciarios del país, donde la Policía Militar tomó el control con el objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales que desde ahí operan.
Al respecto, también se ven imágenes similares a las publicadas por las autoridades de El Salvador en su guerra contra las pandillas.
En las fotografías se pueden observar a cientos de reos en pantalones cortos, sin camisa, tatuados y descalzos, sentados con las manos detrás de la cabeza, mientras los uniformados los vigilan.
La operación en las prisiones fue denominada «Fe y Esperanza» y, de acuerdo con el secretario de Estado de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, busca que las cárceles «dejen de ser escuelas del crimen» y con ello «romper el ciclo con el crimen organizado».
«Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera», añadió Zelaya en Twitter.
Entre las cárceles intervenidas están «La Tolva», ubicada en el municipio Morocelí del departamento de El Paraíso; el Centro Penal de Támara, departamento de Francisco Morazán; y la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), también en Támara, donde la semana pasada hubo un motín que dejó 48 personas muertas.
En esos reclusorios se han decomisado armas, municiones, granadas, celulares, drogas, televisores, entre otros objetos.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se pronunció respecto a las acciones que lleva adelante el Gobierno hondureño, señalando que se trata de un «despliegue bukelista de populismo punitivo».
«El gobierno de Xiomara Castro replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos. El falso dilema entre la seguridad y los derechos, nos ha pasado alta factura en la región», expresó a través de Twitter.
