La Sombra de la Ley Magnitsky: ¿Cacería de Brujas o Defensa de la Soberanía Brasileña?
En un giro que parece sacado de una novela de intriga política, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, se encuentra en el ojo del huracán tras ser sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky. Su respuesta, firme y desafiante, no deja lugar a dudas: “Las acciones continuarán. El rito procesal del STF no será adelantado, ni retrasado”. Estas palabras, pronunciadas el 1 de agosto de 2025, resonaron en Brasilia como un desafío directo a las presiones externas, particularmente desde la administración de Donald Trump, quien ha calificado el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro como una “cacería de brujas”. Pero, ¿qué hay detrás de este enfrentamiento internacional? ¿Es Moraes un defensor de la justicia brasileña o un actor en un juego de poder con tintes geopolíticos?
Alexandre de Moraes, nombrado magistrado del STF en 2017, ha emergido como una figura central en la política brasileña, liderando investigaciones de alto perfil, desde las “milicias digitales” asociadas al bolsonarismo hasta el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Su papel como relator en el juicio contra Jair Bolsonaro, acusado de conspirar para mantenerse en el poder, lo ha convertido en blanco de críticas tanto internas como externas. Las medidas cautelares impuestas a Bolsonaro —como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales— han avivado las tensiones, no solo en Brasil, sino también en Washington, donde Trump y sus aliados ven en Moraes un obstáculo a sus intereses.
El 30 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Moraes bajo la Ley Global Magnitsky, una herramienta diseñada para castigar a ciudadanos extranjeros por presuntos actos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. Según el Tesoro, Moraes ha llevado a cabo una “campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesamientos politizados”, afectando tanto a brasileños como a estadounidenses, incluidos periodistas y usuarios de redes sociales.
El anuncio fue acompañado por la revocación de la visa de Moraes y sus familiares, una medida que se suma a los aranceles del 50% impuestos a las exportaciones brasileñas, justificados por Trump como una respuesta a la supuesta persecución de su aliado Bolsonaro.
Promulgada en 2012 durante la administración Obama, la Ley Magnitsky originalmente buscaba sancionar a funcionarios rusos por la muerte del abogado Sergei Magnitsky. En 2016, se expandió para abarcar a individuos acusados de corrupción o abusos de derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, su aplicación a Moraes plantea preguntas inquietantes. ¿Es realmente un violador de derechos humanos, o está siendo usado como chivo expiatorio en un juego de poder más amplio?
La sanción a Moraes es inusual. A diferencia de otros casos, como el líder checheno Ramzan Kadyrov o el expresidente de Paraguay Horacio Cartes, no hay acusaciones de corrupción contra el juez. Sus decisiones, ratificadas por el STF, operan dentro de un marco democrático, lo que lleva a expertos a cuestionar la legitimidad de la medida. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha calificado las sanciones como un “ataque a la soberanía” de Brasil, mientras que Moraes ha denunciado intentos de “obstrucción a la justicia” orquestados por “pseudopatriotas” que buscan favores extranjeros.
La trama se complica con la intervención de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien desde su autoexilio en Estados Unidos ha liderado un intenso lobby para presionar a la administración Trump. Según reportes, Eduardo colaboró con figuras como el influencer Paulo Figueiredo y congresistas republicanos como Maria Elvira Salazar y Darrell Issa para promover sanciones contra Moraes. Su objetivo: deslegitimar el proceso judicial contra su padre y, según Moraes, perpetuar el “modus operandi” golpista de 2022. El STF ha abierto investigaciones contra ambos Bolsonaro por estas maniobras, calificándolas como actos hostiles contra Brasil.
Trump, por su parte, no ha ocultado su apoyo a Bolsonaro, un aliado ideológico. En cartas públicas y publicaciones en Truth Social, ha criticado al STF y al gobierno de Lula, justificando los aranceles y sanciones como una defensa de la “libertad de expresión” y los intereses estadounidenses. Sin embargo, estas acciones han generado rechazo en Brasil: una encuesta de Datafolha reveló que el 57% de los brasileños desaprueba las sanciones de Trump.
El discurso de Trump sobre una “cacería de brujas” resuena con sus bases, pero oculta una contradicción. Mientras acusa a Moraes de censura, su administración ha utilizado herramientas como la Ley Magnitsky y aranceles para presionar a un poder judicial extranjero, una movida que muchos en Brasil ven como una injerencia inaceptable. El STF, respaldado por jueces como Luis Roberto Barroso y Gilmar Mendes, ha cerrado filas en defensa de Moraes, destacando la independencia del Poder Judicial y la necesidad de proteger la democracia frente a amenazas internas y externas.
Por otro lado, las acciones de Moraes no están exentas de controversia. Su cruzada contra la desinformación, que incluyó la suspensión temporal de X en Brasil en 2024, ha sido criticada por sectores conservadores y por figuras como el exsenador Marco Rubio, quien la calificó como un ataque a las “libertades básicas”. ¿Es Moraes un guardián de la democracia o un juez que ha cruzado la línea hacia el autoritarismo? La respuesta depende de a quién se le pregunte.
Moraes ha prometido que el juicio contra Bolsonaro, que podría resultar en hasta 40 años de prisión, concluirá este semestre sin ceder a presiones. Su postura desafiante, respaldada por el STF y el gobierno de Lula, sugiere que Brasil no se doblegará ante lo que percibe como un chantaje económico y político. Sin embargo, la escalada de tensiones con Estados Unidos, un aliado histórico, podría tener consecuencias impredecibles para la economía y la diplomacia brasileña.
Este enfrentamiento no es solo sobre Moraes o Bolsonaro; es un choque entre la soberanía nacional y las ambiciones geopolíticas, entre la justicia y la política, entre la verdad y la narrativa. Mientras el STF avanza con su calendario judicial, el mundo observa si Brasil resistirá las presiones de Washington o si esta “cacería de brujas” terminará redefiniendo las relaciones entre dos gigantes de las Américas.
