Una de las consignas más repetidas por Donald Trump en su campaña de deportaciones es que está orientada a expulsar “a lo peor de lo peor”, a los delincuentes más peligrosos. Pero la realidad es que no solo la mayoría de los más de 700.000 deportados no tenían antecedentes penales, sino que las víctimas de delitos están siendo perseguidas. Es el caso de los menores que han sufrido abusos y que hasta el año pasado, protecciones legales y motivos humanitarios les excluían de las expulsiones. Sin embargo, el Gobierno del republicano ha deportado a 132 menores y detenido a 265 que tenían el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés) hasta el 22 de diciembre.
Son los datos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado a la senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto, en respuesta a la carta que la legisladora envió junto a otros 18 senadores y representantes a la secretaria del departamento, Kristi Noem, en junio pasado para conocer la situación de los niños tras los cambios introducidos por la Administración.
El SIJS fue creado hace décadas para servir como vía hacia el estatus de residencia permanente para jóvenes que habían sobrevivido al abandono parental, al abuso, a la negligencia o a daños similares. Gracias a él, los menores de 21 años que hubieran sido víctimas podían solicitar la tarjeta verde (green card). A partir de 2016, los retrasos para conseguir la residencia se dispararon y, para evitar que, mientras esperaban, pudieran ser deportados, el Gobierno de Joe Biden creó en 2022 la Acción Diferida, que los protegía de la expulsión mientras esperaban y les permitía trabajar. La Administración Trump eliminó esa protección en junio pasado y decenas de niños han sido deportados desde entonces.
“Trabajo en muchos casos de jóvenes que son detenidos a pesar de contar con el SIJS y, en muchas ocasiones, incluso cuando tienen Acción Diferida. Si tiene Acción Diferida, no deberían poder detenerlo. También estamos observando un patrón sumamente inquietante: el Gobierno revoca la Acción Diferida de las personas tan pronto como las detiene, sin motivo alguno y sin ofrecer explicación alguna”, explica Ellie Norton, abogada de National Immigration Project, una organización que se encarga de defender a los menores.
Uno de los casos que Norton ha llevado a juicio es el de Elías (nombre ficticio), un niño de 16 años que fue deportado a Guatemala a pesar de tener el estatus migratorio especial por haber sufrido negligencia por parte de su madre en su país de origen hasta tal punto que tuvo que ser ingresado en el hospital. El 21 de mayo de 2025, tras estar detenido 12 horas en un hotel de Alexandria, en Luisiana, fue expulsado sin haber mediado una orden judicial ni haber podido contactar con abogados. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron cuando acompañaba a su padre, sobre el que pendía una orden de expulsión. Norton pelea para que regrese a Estados Unidos.
Varias organizaciones, entre ellas National Immigration Project, demandaron a la Administración por eliminar la Acción Diferida en el SIJS. En noviembre, un juez se pronunció en contra de la rescisión que hizo el Gobierno, pero no estipuló el tiempo en que debe hacerse. En consecuencia, el Gobierno debe considerar otorgarles la Acción Diferida, pero no está obligado a otorgársela, ni tampoco tiene que tomar esa decisión dentro de un plazo determinado.
“Lo que nos dicen nuestros clientes es que tienen miedo e incertidumbre, que ver con su propia inestabilidad. Antes podían obtener un permiso de trabajo que les brindara la posibilidad de contar con una identificación. Para muchos jóvenes, el hecho de que su permiso de trabajo constituya su primera forma de identificación representa un hito sumamente importante”, explica Emma Israel, analista sénior de políticas en KIND (Kids in Need of Defense), una organización que aboga por los niños no acompañados y que también ha demandado al DHS. Contar con un permiso de trabajo les permite acceder a ciertas oportunidades, programas y servicios dentro de su comunidad.
Además de no conceder más la Acción Diferida, muchos de los que la disfrutaban la están perdiendo. “Hay jóvenes que perdieron su Acción Diferida y su permiso de trabajo porque fueron arrestados de camino al trabajo o en la entrada de su propia casa, sin haber cometido ninguna falta. Cualquier interacción, por mínima que sea, con las autoridades de inmigración o con la policía podría derivar en estas consecuencias tan perjudiciales”, agrega Israel.
La experta menciona el caso de una joven que fue detenida de forma violenta cuando iba al trabajo. La agresión de los agentes del ICE la dejó con hematomas. No había cometido ningún delito, pasaba por el lugar donde se estaba produciendo otra detención, y de inmediato se le revocó su Acción Diferida. Sus abogados pasaron meses trabajando para lograr su liberación. “Es fácil imaginar cuán angustiosa fue esa experiencia. Aunque ya ha sido puesta en libertad, vive aterrada de ser detenida de nuevo y deportada”, asegura Israel.
Según la carta que el DHS envió a Cortez Masto y que adelantó la NBC, el DHS canceló la Acción Diferida para 990 migrantes con SIJS entre el 20 de enero y el 30 de diciembre del año pasado. “La mayoría de estas terminaciones involucraban casos con información desfavorable (incluyendo condenas penales)”, dice la carta firmada por Noem, a la que EL PAÍS ha tenido acceso.
Otra política reciente es que se ha vuelto más difícil para quienes se encuentran en procedimientos de expulsión lograr que sus casos sean pospuestos o dejados en suspenso mientras esperan para solicitar su tarjeta de residencia, como se hacía anteriormente. Era una cuestión humanitaria con quienes se consideraban más vulnerables. Ahora los procesos de deportación son inmediatos.
La Acción Diferida surgió como consecuencia de la demora en conseguir la tarjeta verde por la acumulación de casos. Los menores con SIJS tardan unos cinco años en conseguirla debido al atasco que hay en la agencia. “La única razón por la que aún no tenían la tarjeta de residencia es porque estaban estancados en este retraso administrativo. Entonces, ¿por qué ponerlos en la mira y perseguirlos, si tarde o temprano iban a obtener la tarjeta de residencia?”, plantea Norton.
La larga espera se debe a que la solicitud de los SIJS se incluye en las visas por motivos laborales, no humanitarios. Para esas visas hay un límite de 10.000 concesiones al año. Hay más de 150.000 menores con SIJS que esperan su turno.
Propuesta legislativa
Para solucionar ese problema, Cortez Masto lidera una propuesta de ley que cambiaría la normativa y aceleraría el proceso para que estos jóvenes obtengan su green card. “Los jóvenes con estatus SIJS a menudo huyen de condiciones atroces en sus países de origen y deben ser protegidos de la detención y la deportación. Por ello, los continuos esfuerzos del DHS por perseguir a los jóvenes con estatus SIJS resultan inadmisibles. El Congreso debe aprobar la Ley de Protección de Jóvenes Inmigrantes Vulnerables para agilizar el proceso mediante el cual estos jóvenes obtienen su residencia permanente legal”, escribió en un correo a EL PAÍS.
El Gobierno sostiene que una de las razones que justifica el fin de la Acción Diferida es que hay fraude, pero los defensores de los menores rechazan el argumento. Para conseguir el SIJS, un tribunal familiar tiene que determinar que el abuso o la negligencia están comprobados y tienen que presentarse testigos. Es un proceso exhaustivo y difícil de burlar. “Eso no está respaldado por los hechos”, sostiene Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Retraso en la SIJS del Proyecto Nacional de Inmigración. “Es un intento del Gobierno de difamar y desacreditar a los jóvenes del programa”.
