Playa Grande: la arena que se llevaron y el Estado que calló
Cuando la corrupción ambiental erosiona la Patria, metro a metro
En la costa norte dominicana, Playa Grande perdió una franja significativa de arena bajo el amparo de decisiones oficiales nunca explicadas con claridad. Los cálculos comunitarios hablan de 90,000 m³ extraídos. Este noti-análisis revisa el patrón, plantea lo verificable, expone el silencio institucional y formula las preguntas que el Estado aún no responde.
Playa Grande no es solo una postal. Es territorio, economía local y patrimonio natural. Durante décadas superó con holgura los 100 metros de ancho. Hoy, buena parte de esa anchura ya no está. No se la llevó únicamente el mar. Se la llevaron decisiones.
La cifra que circula en la comunidad —50 m de ancho x 600 m de largo x 3 m de profundidad— equivale a 90,000 metros cúbicos de arena. Eso no es una “limpieza técnica”. Es una operación de escala industrial. Y cuando un volumen así desaparece, la pregunta central no es si ocurrió, sino quién lo autorizó, con qué estudios y para beneficio de quién.
En el siglo XXI, la República Dominicana ha repetido una paradoja: discursos verdes y prácticas extractivas. La arena se volvió mercancía estratégica. Y donde hay mercancía, suele aparecer la captura del Estado. El libreto es conocido:
Se anuncia una “intervención técnica”; se minimiza el impacto (“no afecta la playa”); se ejecuta la extracción; la comunidad queda con la erosión y el expediente se archiva.
El daño no se archiva. Se manifiesta en retroceso de la línea de costa, mayor vulnerabilidad ante marejadas y pérdida de biodiversidad. Cuando el Estado permite —o no fiscaliza—, no es solo mala administración: es corrupción ambiental.
Más incómodo aún es el destino de la arena. Volúmenes de este tamaño rara vez terminan en una sola obra pública. Se dispersan en proyectos privados, rellenos selectos y enclaves de lujo que casi nunca rinden cuentas. Probarlo exige documentos, no rumores. Pero la opacidad ya es un hecho político.
Playa Grande no es un caso aislado. Es un símbolo: cómo, bajo cuatro gobiernos del siglo XXI, el patrimonio natural fue tratado como botín. Grano a grano. Metro a metro.
Las preguntas que el Estado debe responder
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¿En qué año(s) exacto(s) se realizó la extracción?
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¿Cuál era el ancho histórico de la playa y cuál es hoy?
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¿Existe medición oficial del volumen extraído?
Autorizaciones
4) ¿Qué institución otorgó el permiso?
5) ¿Hubo licencia ambiental o EIA?
6) ¿Cuáles fueron las coordenadas autorizadas?
7) ¿Se habló de “banco arenoso” o de la propia playa?
Responsables
8) ¿Qué empresa(s) ejecutó(aron) la extracción?
9) ¿Quién firmó y quién supervisó?
10) ¿Hubo subcontratos o transportistas?
Destino de la arena
11) ¿A qué proyectos fue destinada?
12) ¿Cuánto fue a obras públicas y cuánto a privadas?
13) ¿Existen guías, bitácoras o registros de dragado?
Impacto y control
14) ¿Qué efectos se midieron tras la extracción?
15) ¿Hubo mitigación o reposición?
16) ¿Qué dicen pescadores y residentes sobre el “antes y después”?
Rendición de cuentas
17) ¿Se auditó el proceso?
18) ¿Hubo denuncias y respuestas oficiales?
19) ¿Por qué no existe hoy un informe público claro?
La pregunta final
20) Si la arena es patrimonio nacional, ¿quién ganó y quién pagó?
Cuando el Estado calla ante la sustracción del patrimonio natural, no es neutral: toma partido. Playa Grande nos recuerda que la corrupción no siempre llega en sobres; a veces se va en camiones. Y deja la costa más pobre, más frágil y más expuesta. La Patria también se defiende cuidando su arena.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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