Algunos dicen que simplemente tuvieron mala suerte, que antes bastaba con mostrarles a los guardias en la frontera el pasaporte cubano para quedarse. Conocen a muchos que llegaron a Miami en balsa, o vinieron de visita y se quedaron, y ya son residentes, incluso ciudadanos. Lo peor, aseguran, es que otros cubanos entraron a Estados Unidos igual que ellos por la frontera, en la misma fecha, y han podido ajustar su estatus migratorio, pero ellos no.
Una clase de inmigrantes cubanos estimada en medio millón de personas que llegaron a Estados Unidos por la frontera entre 2019 y 2023 se encuentra en un limbo legal sin precedentes, según expertos. Tanto por la magnitud de la población como porque existe una Ley de Ajuste Cubano que históricamente les ofrece una vía hacia la residencia tras un año en el país. El obstáculo ha sido el documento que recibieron al ser liberados por las autoridades migratorias, conocido como I-220A —una orden de liberación bajo palabra—, mientras otros recibieron un parole, con el que sí han podido ajustar su estatus.
Esta diferencia, que según abogados fue esencialmente aleatoria y cuya lógica nunca ha sido aclarada por las autoridades, dejó a familias divididas entre quienes ya son residentes y quienes permanecen en el limbo. Y hoy es el eje de varias demandas que buscan que los tribunales reconozcan el I-220A como equivalente a un parole, una batalla judicial que podría redefinir el futuro de cientos de miles de personas y que los expertos advierten encontrará resistencia en medio del clima creado por las políticas antiinmigrantes del Gobierno de Donald Trump.
Algunos cubanos con I-220A lograron inicialmente ajustar su estatus en tribunales bajo la Ley de Ajuste Cubano. Pero en 2022 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impugnó esas decisiones argumentando que, por una cuestión técnica, el documento no equivale a un parole. En 2023, una corte federal de apelaciones le dio la razón, cerrando esa puerta para cientos de miles de personas en la misma situación.
Mark Prada, abogado migratorio en Miami, lidera varios litigios que buscan que los tribunales reconozcan el I-220A como equivalente a un parole, lo que abriría la puerta al ajuste de estatus para cientos de miles de cubanos. “El hecho es que estas personas se presentaron en la frontera ante las autoridades migratorias para solicitar asilo y fueron liberadas”, dice Prada. “Y, según cómo funciona la ley, eso solo puede haber ocurrido mediante parole. Sin embargo, el Gobierno les entregó documentos distintos”.
Prada está intentando que una demanda federal en Miami se certifique como acción colectiva, mientras que otras apelaciones en los circuitos 2º, en Nueva York, y 11º, en Georgia, avanzan como procesos individuales. “Estamos buscando el remedio legal más amplio posible”, explica. “Depende de la jueza decidir si concede esa certificación o no. Por ahora, estamos a la espera de decisiones”.
Los litigios han generado gran expectativa entre los cubanos con I-220A, pero Prada muestra un optimismo cauteloso porque, en caso de un fallo favorable, es probable que el Gobierno lo apele. “Dado el impacto de lo que estamos haciendo, asumiría que [el Gobierno] querría apelar”, señala Prada. El DHS no respondió a una solicitud de comentarios a este diario.
Vivir con I-220A
Para los cubanos con I-220A, el limbo se traduce en traspiés legales y trabas burocráticas, pero también en un temor constante a ser detenidos y deportados. La Administración de Donald Trump ha eliminado protecciones y programas humanitarios y suspendido procesos migratorios para ciudadanos de varios países, incluido Cuba. Así, las detenciones y deportaciones de cubanos —algo impensable hasta hace poco dada su histórica ventaja bajo la Ley de Ajuste— se han vuelto cada vez más comunes. El año pasado, el Gobierno deportó a más de 1.600 cubanos, una cifra récord, mientras otros han sido detenidos durante audiencias migratorias o chequeos rutinarios y trasladados a centros de detención.
Liryenne Bello, una doctora cubana de 37 años que llegó en 2022 y tiene I-220A, dice que “tiene terror” de terminar arrestada en una parada de tránsito por no tener residencia. “Cada día siguen deteniendo a tantos cubanos con I-220A sin récord criminal”, asegura. Dice que ha pausado planes de tener hijos por la situación migratoria, y que mantiene esperanza en los litigios en curso, aunque a veces lo ve “tan lejano”.
Yaser Betancourt Hernández, un cubano de 43 años que llegó por la frontera en 2022 y fue liberado con un I-220A tras cinco días detenido, cuenta que, como no tenía familia en EE UU, dio tumbos por varios Estados y pasó tiempos “muy duros”. Pasó días viviendo en su auto, antes de revalidar su título y establecerse en Texas, donde hoy trabaja como maestro de niños especiales y por la noche imparte clases de inglés en una universidad. Aunque se considera un ciudadano ejemplar que ha seguido todas las reglas, su estatus migratorio sigue en el limbo.
Su intento de obtener la residencia fue rechazado porque su I-220A mantiene su caso activo en los tribunales y no equivale a un parole, lo que le impide cerrar el proceso migratorio. Calcula haber gastado casi 6.000 dólares en trámites: “No ha sido más porque he ido a las dos cortes sin abogado; me pedían 10.000 dólares”, asegura. Como parte de su estatus, debe comparecer ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) anualmente, donde dice que muchos cubanos están siendo arrestados. Presenció detenciones en la corte y admite que vive con miedo, aferrado a la esperanza de que alguna demanda cambie su situación.
Las autoridades nunca han aclarado por qué les dieron a algunos inmigrantes I-220A y a otros parole. Un reporte de la AP sugiere decisiones improvisadas por falta de espacio. La ambigüedad ha alimentado la confusión y versiones contradictorias, especialmente en redes sociales, donde abogados, paralegales e influencers opinan sobre el tema. “Hay mucho abogado de TikTok”, dice Yurisleidy Ávalos, gestora de un grupo de Facebook con más de 33.000 cubanos con I-220A, quien advierte que la desinformación en materia migratoria “puede costarle la libertad a una persona”.
El exilio cubano, sacudido
La relación migratoria entre Cuba y Estados Unidos desde 1959 ha estado marcada por sucesivas oleadas de refugiados. Después de los vuelos de la Libertad y el éxodo del Mariel, la crisis de los balseros en 1994 dio origen a la política de pies secos/pies mojados, que permitía quedarse a quienes llegaban a tierra. Raúl Castro eliminó restricciones de viaje en Cuba en 2012 y entonces incrementó el flujo de cubanos por la frontera sur. Barack Obama puso fin a pies secos/pies mojados en 2017, y los cubanos comenzaron a solicitar refugio. Entre 2019 y 2024 se produjo una oleada sin precedentes y cerca de un millón llegó a EE UU —más que en todos los periodos migratorios anteriores combinados. De estos, se estima que entre 400.000 y 500.000 fueron liberados con I-220A.
El número de cubanos con I-220A ha puesto el tema en el centro del debate político en el sur de la Florida, especialmente en Miami, considerada la capital del exilio. La congresista republicana María Elvira Salazar impulsó durante años gestiones para que estos migrantes pudieran ajustar su estatus, incluida una petición formal en 2024 al entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y esfuerzos bipartidistas que no prosperaron.
En meses recientes, sin embargo, ha enfrentado críticas por su aparente silencio ante la ofensiva migratoria de la Administración Trump. En este caso, no obstante, Salazar ha puesto la responsabilidad en la Administración Biden y calificó como “inexcusable” la decisión del Gobierno del demócrata de liberar a tantos cubanos con I-220A. “Entregaron a cientos de miles de cubanos que huían del comunismo un papel inútil”, aseguró en declaraciones a EL PAÍS. Ahora su enfoque está en su propuesta de Ley DIGNIDAD para restablecer una vía de regularización bajo la Ley de Ajuste Cubano. Asegura que ha “mantenido la presión en todos los niveles”, y continúa “insistiendo en este tema con la Administración Trump”.
Para figuras históricas del exilio, el conflicto refleja un cambio más amplio en la política migratoria estadounidense. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, afirmó que los cubanos con I-220A “se escaparon de Cuba por la misma razón que nos escapamos en otras épocas”, pero enfrentan un contexto político distinto. También expresó preocupación por el trato que reciben ahora los migrantes, detenidos en centros de detención como “el tenebroso Alligator Alcatraz” y advirtió que un eventual cambio político en Cuba podría usarse como justificación para deportaciones masivas, lo que, opina, agravaría la crisis en la isla.
Sebastian Arcos, director interino del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, señala que el procesamiento de los cubanos con I-220A “fue arbitrario, apresurado, e injusto”, y considerar que el I-220A no es equivalente a un parole, “también es injusto e ilegal”. Las personas no tienen culpa de que hayan decidido darles ese documento en vez del otro, apunta Arcos. “Los que tienen el parole están a salvo, los que están en ese limbo son los que tienen el I-220A. No es justo”.
