La periodista colombiana Estefany Rodríguez fue liberada este jueves de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras pagar una fianza de 10.000 dólares, poniendo fin a más de dos semanas de detención que han generado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos en Estados Unidos. La reportera de Nashville Noticias, especializada en temas migratorios, había sido arrestada el pasado 4 de marzo en Tennessee y trasladada posteriormente a centros de detención en Alabama y Luisiana. Su liberación se produce días después de que un juez de inmigración autorizara su salida bajo fianza, decisión que inicialmente fue apelada por las autoridades migratorias, retrasando su salida.
“Hoy celebramos que Estefany haya sido puesta en libertad del centro de detención de ICE en Luisiana y que esté de camino a casa para reunirse con su familia”, declaró Mike Holley, abogado de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, en un comunicado. “Estamos agradecidos de que Estefany haya podido salir en libertad para reunirse con su familia mientras sigue luchando por su derecho a permanecer en su comunidad y en los Estados Unidos”.
La periodista, de 35 años, llegó a Estados Unidos en 2021 tras huir de Colombia, donde recibió amenazas de muerte relacionadas con su trabajo. Ingresó con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político, proceso que sigue pendiente. También cuenta con un permiso de trabajo vigente y había iniciado un trámite de residencia permanente tras casarse con un ciudadano estadounidense.
A pesar de ese contexto, el Gobierno ha sostenido que Rodríguez no cuenta con estatus migratorio legal, argumentando que su visa expiró en 2021 y que incumplió citas obligatorias con autoridades migratorias. Sin embargo, su defensa ha rechazado esa versión, señalando que dichas citas fueron reprogramadas por la propia agencia, una de ellas debido a una tormenta invernal que obligó a cerrar oficinas en Nashville.
Los abogados de Rodríguez han presentado una impugnación por detención indebida, argumentando que su arresto fue ilegal y sin orden judicial válida, además de constituir una represalia por su labor periodística, en violación de la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución. Antes de su detención, Rodríguez había estado cubriendo activamente operativos del ICE, incluidas redadas laborales y arrestos masivos. De hecho, el día previo a su arresto reportó sobre detenciones migratorias, y fue interceptada mientras se desplazaba en un vehículo identificado con el logotipo de su medio.
Durante su detención, su equipo legal denunció condiciones preocupantes. Según documentos judiciales, Rodríguez pasó varios días en aislamiento tras sospechas de que tenía piojos y fue sometida a un procedimiento en el que agentes le vertieron un líquido químico en la cabeza que le causó ardor en los ojos. Además, permaneció más de 10 días sin poder comunicarse con sus abogados, quienes ahora buscan una orden judicial que impida al ICE someterla a un trato similar en el futuro y continúan litigando tanto su detención como su estatus migratorio. Holley señaló que el objetivo es no solo garantizar su permanencia en el país, sino evitar nuevos abusos, según declaraciones recogidas por la agencia AP.
Como respuesta al caso, diversas organizaciones han advertido sobre el efecto que este tipo de detenciones puede tener en periodistas, especialmente aquellos que no son ciudadanos estadounidenses: “La consecuencia previsible de la detención y el encarcelamiento de estas personas es poner fin a esa expresión y disuadir una gran cantidad de expresiones futuras, especialmente por parte de periodistas no ciudadanos que temen que los reportajes incisivos sobre temas delicados puedan llevar a su detención”, señala un escrito legal liderado por el Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa.
De igual forma, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) alertó sobre el impacto del caso. “Su detención ha tenido un efecto disuasorio, lo que ha mermado la capacidad de los periodistas, especialmente de los reporteros locales, para informar sobre sus comunidades sin temor a represalias”, afirmó José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, en un comunicado. “El Gobierno debe defender la libertad de prensa y garantizar que todos los periodistas puedan trabajar con seguridad y sin represalias”. La propia organización ya había cuestionado previamente el monto de la fianza, calificándolo como inusualmente alto, pese a que Rodríguez tiene arraigo en el país, sin antecedentes penales y con una familia —incluida su hija de siete años— viviendo en Estados Unidos.
Aunque ahora se encuentra en libertad, la situación legal de Rodríguez sigue sin resolverse. Su caso continuará en los tribunales, donde se determinará no solo su futuro migratorio, sino también si su detención violó derechos fundamentales.
