La malograda Megalópolis del genial Francis Ford Coppola especulaba sobre las potenciales similitudes que tendría que la caída de la República Estadounidense con la de la Republica Romana, incluyendo el papel que los políticos populistas, con su natural predisposición a cruzar rubicones. Lamentablemente, en 2026, el presidente Donald Trump se ha saltado la única línea roja que parecía autoimponerse, su Rubicón particular, y que afortunadamente limitaba la volatilidad de sus decisiones. Ya que su deshonestidad —también llamada carácter transaccional— era hasta ahora compatible con una fidelidad numantina a sus promesas electorales, verdaderos compromisos con sus votantes, más allá de la cuestionable lógica social y económica de las mismas.
Prometió, y cumplió, aranceles, endurecimiento de la política migratoria, bajadas de impuestos o el abandono de la lucha contra el cambio climático. Pero también, de forma reiterada, aseguró a su base electoral MAGA que no habría intervenciones militares exteriores, como las que protagonizaron sus predecesores, para salvaguardar tanto las vidas de los soldados estadounidenses, como el bolsillo de su ciudadanía, por ejemplo, cuando fueran a llenar los depósitos de gasolina.
Incluso ahora intenta planificar esas acciones militares, en sábado, con los mercados cerrados, para evitar los efectos sobre el surtidor, o no duda en ofrecer supuestos discursos tranquilizadores si el barril de Brent se dispara, como el pasado 9 de marzo, para matizarlos después una vez el mercado vuelve a estar cerrado.
Rompiendo este contrato electoral, el presidente Trump parecería confirmar la teoría de la privatización del poder, del profesor Sean McFate de la National Defense University, dependiente del propio Departamento de Defensa estadounidense. Concretamente, McFate nos habla de ejércitos nacionales-públicos que se apoyan en el sector privado de empresas de mercenarios/contratistas, profesión cuyos entresijos conoce bien, ya que fue su trabajo previo a la Academia. Esta tendencia, es una realidad que se inició en los noventa, pero que se ha ido intensificando desde la segunda guerra de Irak, donde la proporción de contratistas frente a soldados nacionales llegó a ser de uno a uno; incluso, en algunos momentos llegó a haber más mercenarios que soldados. Pero en el presente escenario, el presidente Trump iría más lejos, como se intuye en las críticas del propio McFate, así como en la de los profesores Robert Reich y Juan Cole de las Universidades de Berkeley y Michigan respectivamente. Parecería que el presidente Trump estuviera subastando la incomparable fortaleza militar de su propio ejército al mejor postor nacional o internacional. Es decir, sería ahora el sector público el que ofrecería seguridad privada.
De esta forma, a los países de la OTAN que queramos más seguridades que la ambigua protección que brinda el Artículo 5 de su Tratado, que permite que cada país decida libremente como acudir en socorro del agredido, se nos exige comprar más armas, petróleo y gas estadounidense, cuando no territorios como Groenlandia. Y que, por tanto, no nos pase como Ucrania, que, inicialmente, con los rusos ab portas, solo recibió de Alemania cinco mil cómodos y seguros cascos como ayuda militar. O que decir de que, tras la intervención de Venezuela el 3 de enero, el presidente se reuniera primero con los consejeros delegados de las principales empresas petroleras (el 9 de enero), que con la líder de la oposición democrática y premio Nobel de la Paz (15 de enero), que, a falta de los recursos económicos de los primeros, tuvo que comprar el acceso al Despacho Oval, regalándole su propio premio.
Pero en el caso de la guerra de Irán —que esperemos al menos sirva para derrocar al abyecto régimen de los ayatolás— se habría llegado más lejos, ya que los beneficios económicos de esta subasta parecen que están directamente orientados no hacía la sociedad estadounidense, sino hacia una hipotética Trump & Sons Inc. Y no solo sería el inverosímil resort en Gaza, del que el presidente Trump ya nos permite disfrutar virtualmente y que su yerno Jared Kushner parece llevar promoviendo desde el primer mandato, sino los escandalosamente altos pagos y proyectos futuros de inversión que las monarquías del Golfo (que, en teoría, mejor pueden tolerar un cierre del estrecho de Ormuz) le están otorgando directamente tanto al presidente, como a sus familiares. Especialmente Arabia Saudí, que puede trasladar gran parte del petróleo y gas que los drones iraníes le permitan extraer, evitando el Estrecho, gracias a su red de gasoductos y oleoductos, que van desde los campos productores del Golfo en el este, hasta el puerto de Yanbu, en el más tranquilo Mar Rojo.
De esta forma, y en contra del criterio de los gestores de su fondo soberano, el príncipe Bin Salman invirtió 2.000 millones de dólares en el fondo Affinity Partners de Kushner, pero también, esta vez con la Trump Organization que gestionan sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., han cerrado millonarios contratos de patrocinio para torneos de golf en campos del propio presidente y han comprado por decenas de millones de dólares la licencia de la marca Trump para Arabia. Igualmente están ejecutando grandes desarrollos inmobiliarios en las dos principales ciudades saudís, incluyendo una nueva Trump Tower en Yedda.
Al fin y al cabo, como tristemente nos ha recordado la de Gaza, las guerras también son una buena fábrica de cementerios y solares. En no pocas ocasiones ambos en primera línea de playa. Solares que representan una gran oportunidad de negocio para un experimentado gestor inmobiliario, como sin duda es el presidente Trump, que seguro ya debe haber analizando el innegable potencial turístico de la soleada y bella Cuba. En caso contrario, siempre se lo podrá ofertar algún Delcy Rodríguez de la Habana.
