A menos de un mes de la toma de posesión del 10 de enero que marcará un hito en el largo conflicto político venezolano, Nicolás Maduro ha anunciado una reforma constitucional que “consolide la soberanía popular”. La medida pone dirección al rumbo que pretende tomar el chavismo en la etapa que está por comenzar tras la inminente investidura del 10 de enero, que también reivindica el candidato Edmundo González Urrutia. “He conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana” dijo el mandatario durante un acto político transmitido por televisión.
Sobre la propuesta Maduro no ha dado más detalles, pero sus movimientos están dirigidos a apuntalar su permanencia en el poder. No es la primera vez que acude a este recurso en medio de una crisis de popularidad. En 2017, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para supuestamente pacificar el país encendido en protestas que exigían su salida del poder y rechazaban el arrinconamiento de las fuerzas opositoras que habían conquistado el Parlamento a través de elecciones y el chavismo había defenestrado por la vía judicial y de la persecución. La institución se declaró como plenipotenciaria y cesó actividades en 2020 sin haber cambiado la Constitución. Una serie de normas que articulan el aparato represivo actual, como la ley contra el odio, en cambio, sí fueron sancionadas por ese organismo. La maniobra política solo buscaba generar un contrapoder al Parlamento con mayoría opositora.
Las reformas constitucionales en Venezuela deben ser ratificadas por el voto popular. Hugo Chávez lo intentó en 2007 y tuvo su primera gran derrota. Ahí intentaba proscribir la alternancia política en la que se basa la democracia al instaurar la reelección indefinida en cargos públicos e introducir los cimientos de la figura del llamado Estado comunal. Dos años después, lo que la gente rechazó en las urnas fue incorporado a la Constitución a través de una enmienda.
En 2025 corresponde convocar elecciones parlamentarias y regionales, a las que el chavismo llega en su peor momento político. Las denuncias de la oposición sobre un fraude electoral en las presidenciales del pasado 28 de julio ponen a Maduro ante una crisis de legitimidad, pese a la cual el chavismo intenta mantenerse en el poder. El mandatario señaló hace unos días que las elecciones que están por venir deberían hacerse con premura, entre febrero y marzo del próximo año. El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el mes pasado una reforma de una ley sobre comunas y ha anunciado cambios en leyes electorales y otras que suponen restricciones a las ONG y duros castigos a la disidencia, como la Ley Simón Bolívar, con inhabilitaciones política de hasta 60 años, cárcel e incautación de bienes. También aprobó una ley de justicia comunitaria con jueces de paz electos hace una semana entre las bases del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Este jueves, en sus declaraciones, Maduro también acusó a Provea, una de las principales ONG del país dedicada a la defensa de los derechos humanos y que ha denunciado la situación de los más de 2.000 detenidos durante la represión poselectoral, de trabajar para la agencia de inteligencia estadounidense. “Que no es Provea, es ProCIA, porque trabajan para la CIA desde los años noventa″, dijo el líder del chavismo. “Ahora salen a decir que son presos políticos, son gente que quemó, que agredió, que amenazó, que destruyeron y mataron”.
Negociación en la Embajada argentina
La noche de este jueves se conoció la salida de la Embajada de Argentina de Caracas del dirigente opositor Fernando Martínez Mottola, uno de los refugiados políticos, después de nueve meses de resguardo. Las últimas semanas había aumentado de tenor la crisis diplomática por el asedio que desde hace casi un mes mantienen las fuerzas de seguridad contra la sede diplomática bajo custodia de Brasil, que se ha mantenido rodeada de policía con armas largas y le han cortado los servicios básicos, y la detención de uno de sus empleados y de un gendarme argentino que vino de visita al país y ahora está siendo involucrado en “planes terroristas”.
Desde marzo, cinco miembros del equipo de la dirigente María Corina Machado (Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Héctor Villalobos, Omar González y Claudia Macero) y Martínez Mottola, un reconocido político de oposición, ingresaron a la residencia después de que la Fiscalía emitiera órdenes de captura en su contra bajo acusaciones de conspiración. De acuerdo con la información difundida por medios locales, Martínez Mottola salió voluntariamente de la sede diplomática y se presentó ante la Fiscalía. Su caso seguirá bajo régimen de presentación.
Durante casi nueve meses los refugiados han solicitado salvoconductos para salir del país al exilio que el Gobierno venezolano constantemente ha negado. Esta semana, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reveló que estuvo involucrado en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis con los seis refugiados y que Venezuela imponía como condición para dejarlos ir la liberación del exvicepresidente correísta Jorge Glas y de otra persona presa en Argentina. Venezuela rompió relaciones con Ecuador tras la incursión policial de la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas en abril pasado. Ecuador ha llegado ahora a un acuerdo con Suiza para que asuma la protección de sus bienes en Caracas.
